INCOSTITUCIONALIDAD DEL ART. 39 DE LA LEY 24.557

DURA TAREA ES SER EMPRESARIO

En el devenir de la vida, uno ocupa distintos roles, que debe asumir con responsabilidad y con corrección. Ser EMPRESARIO es uno de esos roles.-
El empresario al igual que el estadista debe estar capacitado para asumir variables, en las previsiones que ha realizado, en su programación en cuanto al manejo de su empresa.-
Existen variables que son posibles de asumir y otras que no.-
Siempre se ha cuestionado en nuestro país el costo laboral, que deben asumir las empresas. No discutiremos si dicho costo laboral es alto o no, o si dentro de la composición del precio de su producto o servicio es una componente importante, pero si debemos reconocer que dentro de los costos que se deben calcular, está también el mismo.-
En el mundo se están notando los efectos de la globalización, y en definitiva ¿que es esto?. Es que las actividades se interrelacionan más allá de las fronteras.- Esto implica que cuando se estudia un precio, no sólo se lo debe hacer teniendo en cuenta el costo, sino también hay que tener en cuenta el precio que se puede obtener por la competencia nacional e internacional.-
Hay procesos productivos que son largos y requieren cuantiosas inversiones para poder efectuarlos y por tanto, hay que poder preveer con anticipación el precio y el costo, para ver cual va a ser la ganancia y si se justifica la inversión.-
Pero no alejándonos de nuestro objetivo diremos que hoy todas estas circunstancias mencionadas requieren tener un buen estudio de costos y ya hemos dicho que el costo laboral, lo integra y que se debe preveer con anticipación los costos, para poder operar en este mundo globalizado cada vez más competitivo.-
Los que hemos desarrollado nuestra actividad profesional asesorando empresas, hemos visto con gran satisfacción la aparición de la ley 24.557, puesto que hasta la sanción de la misma era muy difícil, preveer con la suficiente anticipación el costo laboral. En el caso de las indemnizaciones, se recomendaba a los clientes efectuar una previsión mensual, según la partida de sueldos que se abonaban. Pero en el caso de las indemnizaciones por accidentes o enfermedades profesionales era muy difícil de previsionar, puesto que un obrero podía accidentarse el primer día de su trabajo y era muy oneroso asegurar ese riesgo. Justificamos que haya sido oneroso asegurar ese riesgo, puesto que los seguros se basan en las estadísticas y la mutualidad y estadísticamente era un riesgo muy alto para cubrir, dada la posibilidad del operario de optar por la vía civil en el reclamo de su indemnización y no sólo por la indemnización tarifada de la ley 9.688.-
Acordémonos siempre que el empresario debe competir en un mundo globalizado y que si hay algo fácil de trasladar allende las fronteras, es el capital. Bien se ha dicho que el capital no tiene patria y busca las mejores condiciones.-
No creemos de ninguna manera que la ley 24.557, conocida como RIESGOS DEL TRABAJO haya sido totalmente buena. En el derecho toda controversia tiene dos partes y dos soluciones y es muy difícil para le juzgador llegar a una decisión justa.-
Nos pondremos ahora en el lugar del operario y debemos decir que dicha ley es muy mala porque no contempla indemnizaciones justas, no contiene todas las enfermedades, no tiene una posibilidad ágil de poder recurrir las decisiones administrativas y causa evidentes desigualdades entre el tercero que sufre un accidente en la empresa y el operario que labora en la misma.-
Pero para tener un cuadro completo de la situación debemos decir también que esta ley es obligatoria, conforme al ámbito de aplicación establecido el en art. 2, entre otros, para todos los trabajadores en relación de dependencia en el sector privado, por tanto se obliga a la empresa a adherir a ésta ley, no se le da otra opción.-
Ahora bien, volviendo a la óptica de la empresa, todo el sistema funcionaba bien y podía asegurar tranquilamente su riesgo. El art. 39 de la ley 24.557 al hablar del la responsabilidad civil del empleador, dice: "1.- Las prestaciones de esta ley eximen a los empleadores de toda responsabilidad civil, frente a sus trabajadores y a los derechohabientes de éstos, con la sola excepción de la derivada del art. 1.072 del Código Civil (casos de delitos).-
Pero el empresario se encuentra con un imprevisto la norma fue declarada inconstitucional por la SEXTA CAMARA LABORAL de Mendoza, con fecha 17 de febrero de dos mil , en los autos Nº. 7.871 caratulados ACORDINO, GRACIELA ALEJANDRA POR SI Y POR SU HIJO MENOR C/ PRIDE PETROTECH INTERNATIONAL S.A.M.P.I.C. P/ SUMARIO"
Relataremos brevemente el caso: Un operario fallece en un accidente laboral. Sus derechohabientes perciben de la ASEGURADORA DE RIESGOS DE TRABAJO los montos establecidos legalmente, recibiendo la cantidad de $ 55.000,00 que las normas indicaban, no obstante ello inician demanda contra la empresa PRIDE PETROTECH INTERNATIONAL S.A.M.P.I.C. reclamando la cantidad de $ 342.200,00, por vía de la acción civil y conforme a la aplicación de la responsabilidad prevista por el art. 1.113 del Código Civil (responsabilidad objetiva) y el derecho a la reparación integral y que para poder aplicar esta norma se declarare la inconstitucionalidad de la ley 24.557, en particular de su art. 39 (ya transcripto), que le impide el acceso a la reparación integral en virtud de los siguientes argumentos: 1.- lesión al principio de igualdad ante la ley (art. 16 C.N.) trato discriminatorio del trabajador siniestrado con respecto a cualquier otro habitante que ha sufrido un daño, bajo las mismas circunstancias.- 2.- Violación a la directriz constitucional de fractura a la lógica igualitaria general, discriminando en cambio de dispensar protección especial, sobre la base de la condición social del sujeto (art. 14 y 73 inc. 23 C.N.) 3.- Violación del derecho constitucional a obtener una reparación integral (art. 19 C.N.).- 4.- Violación del principio de equidad (art. 14 bis C.N.).-
La demandada pide que se rechace la demanda en razón de carecer de interés jurídico para plantear la inconstitucionalidad de la ley 24.557 por haber ya percibido el importe de la indemnización, por lo que iría en contra de sus propios actos. Dice además que la ley de RIESGOS DEL TRABAJO implica un sistema autónomo e integral de responsabilidad y que declarar la inconstitucionalidad sería volver al régimen anterior de la ley 24.028, que preveía esa opción.-
La RESOLUCIÓN JUDICIAL dice entre muchas consideraciones que "cabria entonces la declaración de la inconstitucionalidad de la normativa en conflicto por su flagrante violación a las garantías constitucionales que soportan los principios de igualdad (art. 16 C.N.), el derecho a una protección especial en base a la condición social del sujeto (art. 14, 75 inc. 23 C.N.), el derecho a la reparación integral, cuando ha mediado un daño injusto (art. 19 C.N.), violación al principio de equidad (art. 14 C.N.), el derecho de propiedad (art. 17 C.N.) …………..El caso nos enfrenta claramente ante una ley que concede un monto reparatorio que está muy lejos de cubrir la magnitud del desmedro sufrido por la cónyuge y el hijo del obrero muerto, tornando inoperantes las normas que regulan el resarcimiento por cuanto adolecen de una "razón suficiente" que sostenga su validez y legitimidad dentro del mismo sistema legal, por no responder de manera adecuada, congruente y justa a los fines que persigue aquel. Mal podría esgrimirse que la solución no coloca a los actores en condiciones discriminatorias atentando de manera grave contra su derecho a un trato igualitario, cuando por su sola condición de ser derechoabientes de un trabajador, se les desmejora el nivel de beneficio que siempre tuvieron como simples habitantes ……………"
Esta Cámara resolvió "Hacer lugar a la demanda en todas sus partes condenando a la demandada a pagar la suma de $ 201.252,80…………." Las costas también fueron a cargo de la demandada.-
NUESTRA OPINION
Haciendo abstracción sobre las bondades o no de la ley, aunque ya anticipamos que si nos ponemos de parte del operario, no la consideramos satisfactoria, por no reparar integralmente el perjuicio sufrido y por tener muchos baches, de indemnizaciones referidos a algunas enfermedades profesionales no contempladas, consideramos, que es perfectible y que debe mejorarse, para darle tranquilidad al trabajador.-
Pero se nos plantea una preocupación muy grave, pensamos en la credibilidad de nuestro sistema jurídico, ya anticipamos antes la tranquilidad, que le dio al empresario la sanción de la ley 24.557, especialmente por el contenido del art. 39 de la misma, al producir un desplazamiento de la responsabilidad patronal, que es absorbida por el sistema a través de las A.R.T. Dice el fallo citado, lo que permite licuar los costos que debe afrontar aquel, para reparar los daños incapacitantes derivados de un siniestro laboral, socializando los riesgos al ser afrontados por fondos administrador por aquellas entidades (art. 26 L.R.T.) los que a su vez se forman con los aportes efectuados por el empleador al instituirse un seguro obligatorio (art. 3, 23 inc. 1 y 27 L.R.T.).
Nuestra preocupación es muy grave, puesto que toda empresa ordenada, debe conocer claramente los costos de su explotación, para poder planificar.
Esta ley los obliga a adherir al sistema de SEGURO DE RIESGOS DE TRABAJO, y por tanto a pagar las sumas, correspondientes al mismo, todos los meses.-
¿Qué seguridad jurídica puede existir si además del seguro, debe pagar también la indemnización, como si no tuviese el seguro?. Para que paga entonces este seguro obligatorio.-
Nos preguntamos ¿no sería inconstitucional, decretar la inconstitucionalidad de la norma, al estar violando el art. 17 de la C.N. que habla de la inviolabilidad de la propiedad?.-
En conclusión, declarar la inconstitucionalidad del art. 39 de la ley 24.557, sería engañar a los empresarios serios y honestos, que han confiado en el sistema de las ASEGURADORAS DE RIESGO DE TRABAJO y por tanto en el ESTADO. Ellos han establecido el pago de la prima de dicho seguro, como un costo de la producción y ahora se encontraría con un nuevo costo imprevisible e injusto, por haber confiado en el sistema normativo del país.-
Es necesario crear fuentes de trabajo y por tanto no podemos desalentar al empresario, causándole daño a nuestro país. Si estamos requiriendo constantemente inversiones que creen fuentes de trabajo, a fin de evitar los altos índices de desocupación que aquejan a nuestro país.-
¿Quién se va a animar a invertir su capital en nuestro país, si no se tiene una seguridad jurídica que le genere confianza?
La ley de riesgo de trabajo es mala para el trabajador, bueno mejorémosla, pero no a costa del grave perjuicio que causará a nuestra economía la inseguridad jurídica de declarar la inconstitucionalidad de esta norma.-
Hay que lograr la justa ecuación de los términos antagónicos y que no se perjudique ni al trabajador, ni a la empresa. Es hora de que nuestro país comience a crecer en forma sostenida y no se siga achicando cada día más.-

Por el Dr. Walter R.J. TON

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