CADUCIDAD DEL DIVIDENDO CONCURSAL SOLUCION LEGAL
Se ha terminado la discusión profunda de nuestra doctrina concursalista, si era un plazo de prescripción o de caducidad. La ley ha sido muy clara al disponer expresamente la palabra caducidad.-
Expresa el art. 224 de la ley 24.522: : "El derecho de los acreedores a percibir los importes que les corresponden en la distribución caduca al año contado desde la fecha de su aprobación"
Debemos resaltar que no es el único caso de pérdida de derechos, por incumplimiento de una carga procesal, que nuestra legislación da.-
Nadie discute hoy la pérdida de derecho por inacción del acreedor, contra los obligados de regreso, de una cambial, por no haber efectuado el protesto en tiempo útil, o por la falta de presentación dentro del año.-
Incluso similar sería el caso del acreedor no concurrente a verificar su crédito dentro del plazo de dos años en el concurso, conforme al art. 56 de la ley 24.522, no obstante acá la ley habla de prescripción.-

CADUCIDAD Y PRESCRIPCION:
Es importante diferenciar ambos institutos del derecho, que si bien en sus efectos prácticos son parecidos, tienen profundas diferencias.-
Nuestra ley concursal usa el término caducidad en el art. 224, pero usa el término prescripción en el art. 56.-
La caducidad es la pérdida, o mejor dicho la no adquisición de un derecho, como si el mismo nunca hubiere existido, motivada por la inacción en el cumplimiento de una carga, que había que realizar para que el mismo subsistiera.-
La prescripción es por el transcurso del tiempo y no ejercerla, perder una acción, pero el derecho queda conforme lo preceptuado por el art. 515 del Código Civil, como una obligación natural, es decir, si se cumple, no puede reclamarse su repetición.-
En algunos ordenamientos procesales, como el nuestro de Mendoza, hay que tener cuidado con el doble uso que se hace de la palabra caducidad, puesto a la perención de la instancia se la llama caducidad del proceso, pero indudablemente la ley concursal en el art. 224, se ha referido a la caducidad del derecho.-
Es importante que en este caso la ley haya referido definitivamente a la caducidad, para que no subsista, ni siquiera, la obligación natural.-
Alberti, en su obra de actualización a Quintana Ferreyra dijo: "CARÁCTER DE LA CADUCIDAD Que el plazo esté calificado como determinante de caducidad, y no de la prescripción definida por el art. 3.947 del Cód. Civil, significa que discurre incesantemente sin incidencia -salvo algunas tesis muy particularmente referidas a situaciones peculiares- de las causales de suspensión o de interrupción que detienen el curso de la segunda."....................."AUTOMATICIADAD DEL EFECTO DE LA CADUCIDAD. La producción "de pleno derecho" de la caducidad es justamente una de las características distintivas de éste instituto (definido doctrinalmente, porque el derecho lo menciona en diversos puntos sin proveer una definición unitaria) respecto de la prescripción; pues esta segunda constituye legalmente una excepción que debe ser invocada por el beneficiado con tal forma de liberación (art. 3.949, Cód Civil).-"

ABREVIACION DEL PLAZO
No cabe duda alguna, del basamento del art. 224 de la ley 24.522, en el art. 221 de la ley 19.551, que hablaba de un plazo de 5 años. Nuestra doctrina ya había aceptado, esta pérdida de derechos del acreedor.-
La filosofía de la reforma operada por la ley 24.522, en general, ha querido abreviar todos los plazos de la ley. Vitolo coautor de la citada ley sólo ha dicho: "Asimismo, se reduce el plazo de caducidad, respecto del derecho de los acreedores a percibir los importes que les corresponde en la distribución, y disponiendo que dicho derecho caduca al año contado desde la fecha de la aprobación, en reemplazo de los cinco años previstos por la anterior ley 19.551."

FALTA DE NOTIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DEL DIVIDENDO CONCURSAL.-
Es muy cierto, y basado en la experiencia, no sólo de nuestro país, sino de la mayoría de las naciones, lo que dice la Corte mendocina en el fallo que anotamos, que los acreedores en la quiebra, no obstante haber verificado su crédito, en el entusiasmo inicial, luego se desentienden, porque generalmente no cobran. Nos preguntamos ¿no debiera notificárseles expresamente la existencia de los fondos?, pero esta no es la cuestión que nos ocupa en esta oportunidad.-
No obstante diremos siguiendo a Migliardi "La publicidad del citado informe se logra con la publicación de edictos por dos días en el diario de publicaciones legales, haciendo conocer la presentación del informe"
Todos sabemos que esta publicidad es insuficiente.-

DESTINO DE LOS FONDOS
Esta norma, art. 224, tiene dos situaciones claras que trata, una es como ya vimos la caducidad del dividendo concursal, para el acreedor renuente, pero la segunda y que cuestionamos sobre manera es el destino de los fondos.-
Podremos discutir si estos fondos son del deudor o del acreedor, pero consideramos que es una verdadera expropiación que los mismos pasen al Estado.-
Creemos que la solución del juez de primera instancia en el fallo que comentamos, es la más adecuada, doctrinaria, aunque no legalmente, que los fondos se redistribuyan entre los acreedores.-
Por supuesto si los acreedores han visto satisfecho sus créditos, la suma debiera pasar al deudor.-
En contra de esta opinión Migliardi dice: "Es justo que la inactividad del acreedor no redunde en beneficio del deudor".-

CONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA
Sostenemos que no hay afectación constitucional, para el acreedor que por su desidia y su falta de interés, no ha retirado en término legal su dividendo, puesto que como ya anticipáramos, en muchos casos nuestra legislación positiva, hace caducar por este desinterés el derecho.-
No nos parece de igual manera que resista el análisis del art. 17 de la Constitución Nacional, el hecho que esos fondos, salgan del proceso concursal. El derecho de propiedad de los acreedores se ve altamente perjudicado, en todos los procesos concursales, y si bien, creemos que es loable el fomento de la educación, obligación que debe garantizar el estado, no debe serlo a costa de los acreedores, ya perjudicados.-
No desconocemos que la doctrina se encuentra profundamente dividida, con tal tema, por lo loable del fin legal y la necesidad en el proceso de la quiebra, distinto al concurso, como sostenemos, de proteger al acreedor.-
De todas maneras en nuestro sistema legal debemos recordar que la inconstitucional la puede declarar cualquier juez, sin necesidad de un Tribunal especial como por ej. en España pero debe versar siempre sobre casos concretos y no tiene validez general, no obstante que hay una corriente procesal, que en cierta manera compartimos, que la resolución de la Corte, debiera ser oponible erga omnes.-
Compartimos la postura de Piantoni , en su art. publicado durante la vigencia de la ley 19.551, en que decía "Este dispositivo que atribuye un bien privado al Estado, sin causa, sin justificación legal y sin obligación a su cargo, importa una verdadera confiscación atentatoria a lo prescripto por el art. 17 de la Constitución Nacional." Diciendo en otro párrafo "................ya no porque importe una confiscación de los bienes del deudor, sino una confiscación de los derechos de los acreedores que han concurrido al prorrateo en la distribución de los bienes del concurso."
Compartimos también la reflexión que hace el citado autor, en que sí podría ser el destino de los fondos a favor del estado, si hubiere mala fe de los participantes, como en el caso de los art. 18 y 19 de la ley de sociedades y siempre después de haber satisfecho a los acreedores de buena fe.-
Rouillón al referirse al tema ha dicho: ".........Ello, en puridad, impondría formular una nueva distribución entre los restantes acreedores, o la restitución al deudor si aquellos estuviesen íntegramente satisfechos. La solución legal (destinar los importes no cobrados al patrimonio estatal para el fomento de la educación común) de dudosa constitucionalidad, se explica que no hubiere merecido cuestionamientos jurisprudenciales en el pasado (ante idéntica norma en el art. 221 ley 19.551), debido a lo infrecuente del caso y a los efectos licuatorios que la inflación producía sobre las sumas de dinero inmovilizadas durante plazos largos.".-
Bertelio Fusaro ha dicho "Se ha tachado de inconstitucional el art. 221, por cuanto- se dice- configura una "verdadera confiscación, atentatoria a lo prescrito en el art. 17 de la C.N." . En efecto: si se considera esa apropiación por parte del estado sin ninguna contraprestación, dejando desamparados a los posibles acreedores del deudor concursado, o al propio concursado, parece un acto confiscatorio prohibido por la Constitución Nacional".-
Alberti refirió lo siguiente: "Nuestra impresión es que la disposición resulta de interés material tan insignificante que no justificó orillar la incurrencia de una expropiación patrimonial sin resarcimiento, como le atribuyó -con distintas palabras- PIANTONI".-

¿ES JUSTA LA SOLUCION LEGAL?
No todos los autores están de acuerdo con la solución legal, la doctrina está dividida.-
Leyendo un trabajo de MENDEZ hace una comparación musical, en la interpretación de algún grande como Beethoven y como varía según quien sea el interprete y lo compara con el lenguaje y su interpretación jurídica y dice: "Sin embargo la gente (y, lo que es peor, muchos abogados) no aceptan que un mismo texto legal "diga" una cosa para Salvat, otra para Busso, una diferente para Borda, o que la sala A de tal Cámara resuelva lo contrario de lo que disponen las otras".-
En un art. Publicado por PIOSSEK , en la Revista del Derecho Comercial y las Obligaciones, menciona la opinión de varios autores que transcribimos: Jaime V. Sajón manifiesta: "No compartimos tales conclusiones porque si los acreedores no han cobrado totalmente sus créditos verificados no se puede destinar esos bienes al fomento de la educación pública común sin su conformidad, porque éstos serían en definitiva los verdaderos damnificados con esa donación"; Santiago C. Fassi-Marcelo Gebhardt afirman: "Correspondería -a nuestro juicio- que esa suma se redistribuyera entre los acreedores verificados, si no han sido íntegramente satisfechos, o de lo contrario, pagados éstos, sea reintegrada al deudor";
Nosotros compartimos esta opinión, puesto que en realidad aunque se muy loable el fomento de la educación, se estaría produciendo una expropiación indebida a los acreedores, en este caso la ineficiencia del estado beneficiaría nuevamente al estado y recordemos que la inconstitucionalidad en nuestro sistema es para el caso concreto.-

PROTECCION DE LA INEFICIENCIA ESTATAL.
Si cualquier acreedor no cumple sus cargas procesales en el ejercicio del derecho, recibe las sanciones, que corresponden a su ineficiencia siendo por tanto responsable de ello.-
Por supuesto, que tiene dos opciones, castigar al responsable o echarle la culpa a los demás de su ineficiencia.-
El empresario que toma el segundo camino, pagará cara su decisión, con su patrimonio.-
El estado en muchas oportunidades toma la segunda solución.-
Valga como ejemplo de ello el tema de la imposibilidad de plantear la perención de instancia en los juicios, en que el estado es actor, en nuestro procedimiento judicial de Mendoza.-
Existe una ley en nuestro medio que no permite declarar la caducidad de instancia al estado.-
No consideramos que sea la solución justa.-

LABOR DE LOS SINDICOS.
Siempre hemos sostenido que la tarea de los síndicos concursales es muy ardua y difícil.-
Bien lo define el fallo que comentamos "palo porque bogas, palos porque no bogas".
El síndico es un funcionario del concurso y no parte en el mismo. Tanto debe defender la continuidad de la empresa en el concurso, como el cobro de los créditos verificados en la quiebra.-
Su interés es eminentemente profesional y el Juez necesita su estrecha colaboración, para llegar a buenos resultados.-

¿QUIÉN DEBE SOPORTAR LAS COSTAS?
Afirmamos categóricamente, que de ninguna manera, se deben imponer las costas a cargo de la sindicatura. Ejercer la sindicatura es una tarea difícil, muchas veces, mal remunerada, y que implica abundantes riesgos.-
En esta misma confusión cuando un concurso termina en quiebra indirecta, después de actuar en ambas, se le regula, por la mayoría de los judicantes, como un solo proceso, el liquidativo.-
El síndico que se desempeña mal, tiene sus sanciones en el art 255 de la ley.-
No podemos, ni debemos agregarles sanciones al síndico, como imponerle costas, cuando está cumpliendo con su deber.-
Se trata de un funcionario imparcial que debe dar su opinión, no se lo puede castigar, por que su opinión sea contraria a la del juez.-
Si se lo debe condenar, por negligencia o por mal desempeño, pero no por sostener su dictamen aunque esté equivocado.-
Recordemos que nunca obliga al juez en su decisión, solo lo aconseja, y el derecho, por suerte y alegría para los que a él nos dedicamos, tiene la posibilidad de tener distintas opiniones e incluso se interpretar de manera distinta una misma norma. Ësto es lo que hace, que cada vez, nos podamos acercar más a esa estrella polar que mencionaba Stammler.-

CONCLUSION:
Siempre hemos despreciado algunos temas, como sin mayor importancia, pero el jurista, nunca debe hacerlo, prueba de ello, es que esta resolución sobre dividendos concursales, llegó a la Corte.-
Personalmente nos preocupa mucho más que el destino de los fondos de este dividendo concursal, las costas impuestas al síndico. Si el síndico tiene un mal desempeño, hay que sancionarlo, con todo el peso de la ley concursal y del resto del ordenamiento jurídico, pero no debe castigarse, el cumplimiento de las disposiciones legales y la emisión de su consejo, su opinión, que ni siquiera es vinculante para el juez.-
En el fallo comentado los síndicos Mónica C. Rubio y Marisel Sottano han cumplido el desempeño de su función, por lo tanto, ha hecho justicia la Corte al liberarlas de las costas.-

WALTER RUBEN JESUS TON