EL IMPUESTO A LA GANANCIA MINIMA PRESUNTA Y LAS EMPRESAS CONCURSADAS

I - SUMARIO
En nuestra experiencia, las empresas en concurso preventivo son entes débiles, vulnerables, que se hallan sometidos a un proceso desgastante en el que sus acreedores, incluido el fisco, soportan esperas más o menos prolongadas y posibles quitas expresas o tácitas (pérdida de intereses, desvalorización, etc.). Por lo general la iniciación de los procesos es precedida por varios ejercicios con resultados negativos.
La presentación en concurso ocasiona la inmediata pérdida del crédito en instituciones bancarias y financieras y de casi la totalidad de los proveedores. A partir de su presentación, prácticamente tienen que desenvolverse exclusivamente con los ingresos de caja y, por lo tanto, los mismos le son absolutamente indispensables para la continuación de la actividad de la empresa tratando de evitar una mayor descapitalización.

Gravar esas empresas con un impuesto a la ganancia mínima presumida, sin admitir prueba en contrario y calculado sobre el activo sin contemplar el pasivo, es absurdo y atentatorio contra el fin perseguido de recuperar a entes útiles al medio social. Asimismo, el pago de ese tributo puede coadyuvar a la quiebra de los mismos malográndose la finalidad perseguida con la apertura del proceso y tornando inútiles los esfuerzos de todos los interesados.
No puede haber impuesto donde no existe capacidad contributiva. Aplicar la imposición que nos ocupa a entes de abultado pasivo sin que el mismo sea tenido en cuenta, entendemos que lesiona el derecho de propiedad, resultando confiscatorio y violándose, asimismo, el principio de razonabilidad en ejercicio de la potestad tributaria. El tributo se torna en manifiestamente inequitativo.

II - FUNDAMENTACION
Este impuesto fue creado por el Tít. V, art. 6° de la Ley 25.063. Dicha ley, creó además otros tributos e introdujo reformas al régimen de impuestos existentes. Fue, lo que se ha dado en denominar una ley ómnibus referida a impuestos nacionales y se la conoció como la reforma tributaria de fines de 1998.

Dice Walmyr H. Grosso Sheridan ("Particularidades del Impuesto sobre la Ganancia Mínima Presunta", Practica y Actualidad Tributaria - V - Errepar, Act. N° 297: 12/99, 102.010/102.012) que la doctrina en general señala que este instituto debe analizarse como un complemento del tradicional impuesto a las ganancias, sin embargo él cree que en realidad sucede exactamente lo inverso pues el impuesto a la ganancia mínima presunta, por su esquema determinativo y presupuesto de obtención de renta -que los legisladores han establecido"iure et de iure" en el uno por ciento de la tenencia de los bienes- se ha transformado en el régimen fiscal medular del sistema de tributación sobre la renta obtenida por los contribuyentes, ya que, independientemente de lo que suceda al sujeto pasivo del impuesto a las ganancias, ha de deberse aquél sin necesidad de bucear en el juego liquidatorio de los hechos positivos y negativos que construyen la elaboración del tradicional gravamen sobre la renta y que permiten establecer la cuantía equitativamente proporcionada a los resultados de la gestión empresaria. Así dice que, el Dr. Vicente Oscar Díaz, ha adjetivado esta reforma con el calificativo de "reforma contra natura" porque en realidad está apartándose de principios elementales del derecho tributario con el objetivo exclusivo de aumentar la recaudación. De alguna manera se está alterando la naturaleza estructural de impuestos directos para transformarlos inconvenientemente en indirectos. En la causa Georgalos Hnos. S.A.(LL, Periódico económico tributario, 1999, pág. 503 y 528/29) la empresa planteaba que se encontraba atravesando un proceso concursal y que el gravamen a oblar por la tenencia de activos era violatorio de la garantía constitucional de la propiedad privada, ya que su patrimonio resultaba casi inexistente ante los pasivos que estaban sometido al proceso universal de los acreedores.
José Rubén Eidelman ("Impuestos sobre el endeudamiento empresario y la ganancia mínima presunta - Ley 25.063", L.L., Periódico Económico Tributario, 1999, Pag. 57/59) sostiene que el Impuesto a los Activos, creado por Ley 23.760, derogado por el decreto de necesidad y urgencia N° 1.684 de agosto de 1993, renace con la denominación de Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta pese a que el argumento para su derogación, que está vigente, señalaba que distorsionaba la economía de las empresas. A esa misma conclusión llega la Comisión N° 4 que trató el impuesto a la ganancia mínima presunta en el 1° Simposio sobre el Régimen Tributario Argentino organizado por el C.P.C.E. de la Cap. Fral. del 22 al 25/3/99 (LL., Periódico económico tributario, 1999, pág. 701/702). En el considerando 3. se dice que la afirmación del Poder Ejecutivo en el año 1993, mantiene hoy la misma o mayor validez dada la actual situación económica que enfrenta el país, y en el punto 1. de su declaración, abroga por su derogación, a efectos de desterrar del sistema tributario impuestos que generan distorsiones de todo tipo, dada su ineficaz estructura para medir capacidad contributiva cierta.

El mensaje del Poder Ejecutivo justifica su propuesta respecto al impuesto a la ganancia presunta del siguiente modo: "La implementación de este gravamen se fundamenta en el hecho de que el mantenimiento de un activo afectado a la actividad empresaria requiere necesariamente, para su desarrollo en condiciones de competitividad, de la generación de una rentabilidad que contribuya como mínimo a su sostenimiento. De tal manera el impuesto que se propicia, conforme ha sido concebido, sólo castiga a los activos improductivos sirviendo de señal y acicate para que sus titulares adopten las decisiones y medidas que estimen adecuadas para reordenar o reorganizar su actividad, a fin de obtener un rendimiento mínimo que la norma pretende." Eidelman, señala como observaciones que, no tomar el pasivo, es un grave error pues el activo solamente no puede ser base para medir una capacidad contributiva ya que suponer que el Fisco no está en condiciones de controlar el pasivo inexistente es un absurdo; también señala que no se legisló adecuadamente sobre las empresas que tienen quebrantos impositivos, así como las que por el ciclo económico (como lo dice el mensaje del Poder Ejecutivo) tienen una variada generación de utilidades e incluso pérdidas.; que debe tenerse en cuenta el caso del contribuyente que tiene quebrantos reales, por lo que no debería ser gravado con una presunción de ganancias mínimas, ya que no existe capacidad contributiva ¿Cómo cobrar impuesto presunto al que realmente tiene quebranto?

El mismo autor trata también el tema de los anticipos. Sostiene que este impuesto es de naturaleza instantánea pues el hecho imponible que grava así lo es según lo definen J.M. Martín y G.F. Rodríguez Usé (Derecho Tributario General, pag. 173) por "estar conformado por aquellos hechos que se producen y perfeccionan sólo en determinado momento", a diferencia de los impuestos periódicos donde es lenta la formación del hecho imponible. Cita a C.M. Giouliani Fonrouge y S.C. Navarrine ("Derecho Financiero", 4ª. ed. actualizada por R.O. Asorey, pág. 497) quienes consignan que el impuesto es instantáneo cuando "... la prestación es única, pues la obligación es una sola, y si el hecho imponible se produjera en el futuro daría nacimiento a nuevas obligaciones independientes de la precedente". Por ello entiende que no se justifica la existencia de anticipos, fijados por el organismo que lo recauda con criterios que ella establece, repitiendo al maestro español F. Sainz Bujanda (Derecho Fiscal, T° XVI, pág. 295) "... que el tributo no dará satisfacción al principio constitucional de legalidad."

Fernando Dubois ("Impuesto a la ganancia mínima presunta", Errepar - DTE - N° 227 - Febrero/99 - T. XIX - pág. 953/959) dice que la presunción como metodología de apreciación de la capacidad contributiva implica una valoración de lo que un sujeto debe contribuir mas allá de su eficiencia en el logro de rentabilidad sobre sus bienes, bajo una premisa de contribución proporcionalmente superior cuando menor es dicha eficiencia. La medida de esta última se establece con la premisa de una renta mínima sobre los activos; cuanto más utilidad se obtenga con relación a los bienes afectados, menor será el peso relativo de la presunción. La incidencia del tributo estándar como el que comenta, y que recae sobre dos situaciones distintas, determina inevitablemente diferencias objetivas que recaen con mayor peso sobre aquellos que, o bien han debido financiarse con fondos de terceros y pagar intereses por ello, o bien no han sabido obtener una rentabilidad tal para cuya determinación es razonable contribuir con impuesto sobre la renta presunta de las características y alícuotas establecidas por el legislador. El nuevo tributo a la ganancia mínima presunta reproduce los lineamientos generales del impuesto sobre los activos anterior; pero clarifica, a través de su denominación y expresa complementariedad, su correlación con el impuesto a las ganancias y permite la aplicación de determinados principios cuestionados entonces. Sin embargo, no es adecuada la utilización de parámetros predeterminados para la fijación de la materia imponible por su carácter valorativo de capacidad contributiva. En general, las presunciones son utilizadas por la legislación más como reemplazo de la inactividad de los contribuyentes que como medida de tributación. La necesidad de una cautela mínima para presumir se dibuja en blanco y negro en el caso bajo análisis, ya que la apreciación de renta por medio de la tenencia de activos es una medida tan equivocada como el tamaño de los pasivos que no se tienen en cuenta a la hora de evaluar el rendimiento que deben generar los bienes y su correspondiente gravabilidad. La "capacidad de contribuir" no puede participar del mismo tópico de análisis que los "principios extrafiscales de tributación". Una cosa es la capacidad contributiva, de acuerdo con la óptica del legislador, y otra, la política de desaliento a la financiación con capitales de terceros mediante la imposibilidad de considerar al interés un concepto, si bien real, no deducible en esta determinación de renta presunta. Parece demasiado contundente este aspecto de la reforma tributaria en su conjunto. Los intereses han pasado a revestir una tipología demoníaca: se limita su deducibilidad en el impuesto a las ganancias buscando neutralizar los mecanismos de subcapitalización en el caso en que con sólo este elemento el contribuyente no se haya desalentado de financiarse con fondos de terceros; se crea un impuesto al endeudamiento que encarece sustancialmente la tasa efectiva de financiación, y para completar la curación contra esas malas prácticas de utilización de capital de terceros se considera una renta presunta en cuya composición teórica no existen los cargos generados por pasivos (interés incluido).

El empresario medio no tiene fondos suficientes, no tiene acceso al crédito a tasas internacionales competitivas y, además, debe ganar por lo menos lo que surja de la determinación del impuesto sobre la ganancia mínima presunta, que además de presunta es sin considerar costos por pasivos y, como si esto fuera poco, estos pasivos que "no existen" son aumentados artificialmente por la aplicación de otro impuesto al endeudamiento que, independiente de su computabilidad debe ser pagado en forma "concreta". No parece razonable.

Vicente O. Díaz ("Reflexiones sobre el verdadero alcance constitucional del Impuesto a la Ganancias Mínima Presunta. La obra del dislate jurídico", Errepar - DTE - N° 229 - Abril/99 - T. XIX, pág. 1062/1075) comenta dos decisiones judiciales del Fuero en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal, Juzgado N° 10, recaídas en las causas "Georgalos S.A. c/Estado Nacional s/amparo y "Asociación Civil Jockey Club c/Estado Nacional s/amparo". En ellas se trata la constitucionalidad de la ley 25.063 en cuanto establece el impuesto denominado a la ganancia mínima presunta que incluye a firmas concursadas, asociaciones civiles sin fines de lucro e incluso poseedores de quebrantos tributarios significativos como sujetos imponibles de dicho tributo. Señala que aceptar que las empresas que no tenían un rendimiento neto mínimo del 6% de sus inversiones denotaban una ineficacia económica que no debía ser protegida por el legislador, como se sostuvo en la discusión parlamentaria (citado por Jorge Gebhardt en "Reforma tributaria del 99" - Ed. Errepar - Bs. As. - 1999; también por Walmyr H Grosso Sheridan, op. cit.), es aceptar la violación de la garantía del artículo 14 de la Constitución Nacional que protege el ejercicio de actividad lícita no sujeta a pago de ficciones tributarias, como publicita con sobriedad jurídica el profesor académico Horacio García Belsunce ("La protección constitucional de la libertad económica", Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales", Año XXVIII, N° 21). En su opinión, el texto de la ley 25.063 ataca el principio de capacidad contributiva receptado en los artículos 16 y 33 de la Constitución Nacional. Este principio constitucional implícito sirve a un doble propósito; de un lado, como presupuesto legitimador del gasto público; de otro, como límite material al ejercicio de la potestad tributaria (Alberto Tarsitano, "El principio constitucional de capacidad contributiva", Estudios de Derecho Constitucional Tributario, Ed. Depalma, 1994, pág. 301). Precisando un poco el concepto, se ha señalado que la mentada capacidad contributiva "es una aptitud del contribuyente para ser pasivo de obligaciones tributarias, aptitud que viene establecida por la presencia de hechos reveladores de riqueza (capacidad económica) que, luego de ser sometidos a la valorización del legislador y conciliados con los fines de naturaleza política, social y económica, son elevados al rango de categoría imponible". En cuando a su rol del límite material al ejercicio de la potestad tributaria Rodolfo Spisso ("Derecho constitucional tributario, Ed. Depalma, Bs. As., 1991, págs. 242 y 245) ha remarcado que "el principio de capacidad contributiva exige una exteriorización de riqueza o renta real o potencial que legitime la imposición", y prosigue señalando que "la capacidad económica real, o, en su caso, potencial, en el sujeto pasivo, en gravámenes que toman en consideración el capital como hecho generador de la obligación tributaria, constituye un presupuesto inexcusable del tributo". Cita a otros trece autores que reconocen el rango constitucional del principio de capacidad contributiva y su rol de límite material al poder tributario.

Gisele Courtade de Benito y María E. Yalis de Hurtado ("Ley 25.063: una nueva reforma con aspectos seriamente cuestionables", LL., Periódico económico financiero, 1999, Pág. 59/61) dicen que el Estado presupone que este tipo de gravamen estimulará la productividad de los activos, aunque la doctrina se ha manifestado unánimemente en contrario, justamente por entender que desalienta la inversión cuya motivación deviene de "otros factores tales como la estabilidad institucional, económica y jurídica".

Gerardo Ataliva ("Hipótesis de incidencia tributaria", Ed. Universidad, Montevideo, Uruguay) expresa "el principio de capacidad contributiva traduce que la imposición sea modulada de modo de adaptarse a la riqueza de los contribuyentes, concepto que tiene contenido propio en el marco constitucional y que opera como principio garantista y límite de exacciones indebidas. También dice que la Corte Suprema de Justicia de la Nación reconoció la validez y eficacia del principio desde los fallos T. 207, pag. 270 y T. 209, pag. 43l, en "Navarro Vila de Herrera Vegas, Marta" del 19/12/89 donde terminó de configurar los alcances del mismo, exigiendo "la existencia de una manifestación de riqueza o capacidad contributiva como indispensable requisito de validez de todo gravamen" (cons. 8, primer párrafo). Principio también ratificado en "in-re""López López y otro", LL, T. 1992-B, pag. 329.

Ahora bien, cuando se analiza la aplicación del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta a contribuyentes que tienen a su favor importantes cifras de quebrantos impositivos sin impugnación de la autoridad fiscal, se advierte en forma palmaria que aquí la aplicación del tributo se vuelve inconstitucional, por gravar manifestaciones de riqueza inexistente o, lo que es lo mismo, establecer un tributo totalmente desvinculado de la capacidad contributiva del sujeto pasivo del impuesto.

Conforme lo dispone la propia legislación positiva, la generación de renta tomada como parámetro de capacidad contributiva es un proceso continuado-dinámico y no instantáneo, en donde el legislador, sólo por una cuestión de comodidad a los efectos de recaudación del tributo, separa dicho proceso continuado en periodos fiscales anuales. Sin embargo, ello no implica que la ganancia tenga un ciclo de generación anual ni mucho menos; por lo tanto, el legislador, asumiendo esta realidad y previendo que un sujeto pueda llegar a tener períodos fiscales en los cuales genere ganancia negativa (quebranto) para preservar la verdadera naturaleza de la imposición y gravar capacidades contributivas reales y no ficticias, le permite al contribuyente compensar dichos quebrantos con ganancias positivas obtenidas en periodos siguientes a aquel en el cual tuvo quebranto, tal como en forma expresa lo autoriza el artículo 19 de la ley del impuesto a las ganancias, el cual no está derogado.

El "criterio legal" encierra una verdad irrefutable. Se pretende gravar "contra natura" el monto del quebranto que tienen a su favor los contribuyentes, dado que no se le permite computar para medir su capacidad contributiva cíclica de ley acorde a derecho. Esto quiere decir que un concepto que no encuadra en aumento de la base imponible por vía de ficción, en realidad se lo imposiciona, destrozando el propio criterio del impuesto madre. Por lo tanto, no se está en presencia de una "presunción" de ganancia, sino que, por el contrario, se trata lisa y llanamente de una ficción que disfraza inconstitucionalmente el cercenamiento de un derecho real -los quebrantos a su favor- en la cual el legislador no admite prueba en contrario y pretende gravar una ganancia inexistente de una capacidad contributiva real.

Cuando se analiza la exégesis de los quebrantos impositivos, aparece incuestionable que ello no es una concesión graciosa, sino una aplicación de la propia hermenéutica de la ley de ganancias, y los quebrantos son atributos patrimoniales trasladables en el tiempo, durante el periodo que no prescriben, que marcan la verdadera dimensión del poder económico de capacidad contributiva del ciclo económico del contribuyente (José L. Pérez Ayala, "Dinámica de la relación jurídica tributaria", Dykinson, Madrid, España, 1997). En "Fundimetal S.A. c/DGI s/repetición" del 30/10/92 tanto en Primera instancia como en fallo confirmatorio de Cámara (Sala I) se recuerda que ya desde el año 1962 (decreto 6482/62 y resoluciones generales 793, 796 y 802 de la D.G.I.) se había considerado a los quebrantos como un derecho consolidado y formando parte de la capacidad contributiva global del sujeto. Cada vez que se niega la aplicación de los quebrantos, ello equivale a aumentar artificialmente la base de imposición en igual medida que la alícuota del tributo acrecentando "contra legen" la tasa efectiva. (Miguel Pérez de Ayala Becerril, "Los fenómenos encubiertos de la doble imposición", Cedes, Barcelona, España, 1998).

En el decisorio "Fundimetal" aparece con letras de molde que no es posible desconectar el hecho cierto del presupuesto generador del quebranto que se ha producido con criterio adquisitivo con anterioridad a toda ley que decrete lo contrario, porque para arribar a exteriorizar el quebranto se han producido hechos convalidantes a su generación a través de legislación que así lo permitía.

Desconocer la valía de los quebrantos acumulados en su plenitud incardinan la quiebra absoluta de los principios de igualdad, capacidad contributiva y proporcionalidad, habida cuenta de que, desconociendo el valor de derecho adquirido de los quebrantos, se equipara a empresas sin capacidad contributiva real con otras que la poseen efectivamente, y con ello la ofensa a principios constitucionales aparece incuestionable (Arturo De la Cueva, Justicia, derecho de tributación", Ed. Porrua, México, 1989).

De lo expuesto, no es posible que el quebranto impositivo no tenga identificación propia con el impuesto del cual depende, considerando que los quebrantos al momento de su manifestación se entroncan con la disposición jurídica y económica de un derecho consolidado, y a través de tal consolidación jurídica se verifica la propiedad de una detracción de utilización futura para ser imputada al beneficio que aparece dimensionado -fuera de la realidad económica- en un periodo posterior conexo a la renta. Cuando se pretende ilegalmente la denigración del quebranto como un interés jurídicamente protegido dentro del núcleo y la médula de los derechos subjetivos, se desconoce por dicha vía el contenido esencial del quebranto en sí, y han revertido la configuración global de la renta sobre el mero carácter recaudatorio antes que sobre el legal.

No es ley válida la que no se acerca al postulado de la capacidad efectiva de pago, y todo intento de disimular tal exigencia bajo ficciones altera el orden constitucional. Es imposible constitucionalmente retrotraer los efectos de la renta negativa (quebrantos) a los efectos de una conversión espuria de ganancia presunta, dado que ello, con afectación al derecho de propiedad, deja sin uso la aplicación de atributos patrimoniales a favor del administrado, desmerituando la garantía del artículo 17 de la Constitución Nacional entre otros.

Autores, como Fernando García, que han analizado el tributo cuya inconstitucionalidad es manifiesta, han señalado que: dada la falta de consideración legal de las deudas es evidente la falta de conexión entre el hecho imponible (ganancia mínima presunta) y la base imponible (el total de los activos); la consecuencia es que en la medida en que se omita la adecuada ponderación de los pasivos debiera ser posible anular la previsión legal. Ello así, conforme a la doctrina sentada jurisprudencialmente en causas donde se revirtió la presunción de falta de capacidad contributiva ante lo evidente de su carencia. ("Celulosa Argentina S.A. c/Fisco Nacional, del 8/10/87; "Establecimientos textiles San Andrés S.A.", del 25/1/86; "Nobles Argentina S.A., CAF, 20/2/87 y "Fisco Nacional c/Tupungato S.A.", CCFed. de Mendoza, 8/10/87)

El nuevo gravamen a la renta presunta soporta una realidad mas transparente que su antecesor -impuesto a los activos- pues ahora queda claramente establecida la complementariedad con el impuesto a las ganancias: "Art. 18 - Para los casos no previstos en los artículos precedentes, y en su reglamentación, se aplicarán supletoriamente las disposiciones de la ley de impuesto a las ganancias (t.o. 1997 y modif..) y de su decreto reglamentario" (Fernado Dubois, op.cit.)

Miguel a Chamatropulo ("Sociedades, algunos aspectos a tener en cuenta en el próximo vencimiento", Crónica tributaria - IV - Errepar - Act. N° 263: 4/99 - 120.000/120.005) opina, también, que el impuesto a la ganancia mínima presunta es un impuesto complementario del impuesto a las ganancias. En el parágrafo destinado a sociedades en concurso o quiebra señala que para el análisis de esos casos debe tenerse presente el mensaje de elevación del Poder Ejecutivo Nacional al Congreso, luego refirmado en el debate parlamentario, se fundó en la necesidad de crear un tributo con sustento en que el mantenimiento de un activo afectado a la actividad empresaria requiere necesariamente, para el desarrollo en condiciones de competitividad, de la generación de una rentabilidad mínima para su sostenimiento. Al pretender gravar una "no ganancia" se estaría sometiendo al tributo a sujetos que carecen de la capacidad económica (ganancia mínima presunta), tenida en miras por el legislador como presupuesto económico al crear el impuesto.
Eduardo J. Núñez ("Reflexiones sobre temas tributarios candentes", Crónica tributaria - IV - Errepar - Ac. N° 281: 8/99 - 138.000/138.004) es muy duro cuando comenta este impuesto en el punto 1.6. EL IMPUESTO A LAS PERDIDAS. Reproduciendo palabras de Eduardo Galeano ("Patas arriba. La escuela del mundo al revés", Ed. Catálogos, abril/99, pág. 169) transcribe el siguiente párrafo: "Si Alicia volviera. "Hace ciento treinta años, después de visitar el país de las maravillas, Alicia se metió en el espejo para descubrir el mundo al revés. Si Alicia renaciera en nuestros días, no necesitaría atravesar ningún espejo: le bastaría con asomarse a la ventana". Continua diciendo: imaginemos a los grandes maestros del derecho sentenciando que frente a la imposibilidad de recaudar el impuesto a la renta como consecuencia de la inexistencia de ésta, deviene imperativo recaudar un gravamen, indirectamente relacionado con las pérdidas. En otras palabras, cuando un ente no se beneficia con una renta manteniendo un capital afectado a su obtención, se lo castiga por "orate" al gravar presuntivamente, mediante un porcentaje, no ya su capital neto sino su activo, o sea, sólo la mitad izquierda de su estado patrimonial. ¡Brillante! El impuesto a la ganancia mínima presunta no representa, ni más ni menos, que una norma imperativa tendiente a recaudar (como mínimo) un uno por ciento del activo de una explotación como "renta mínima", aunque el resultado sea "súper" negativo. Semejante engendro pretende justificarse a través de un complicado juego de pagos a cuenta, bastante similar a los nefastos y sangrientos acertijos propuestos por la cruel princesa Turandot en la célebre obra pucciniana. Una empresa con quebranto mal puede abonar un impuesto "a la renta" de la cual no goza. Ello se asemeja a ficciones borgeanas y obras de ciencia ficción. Además representa un suicidio económico-financiero. Absorbe sangre a entes magros coadyuvando a su extinción, con lamentables consecuencias a la reducción de mano de obra, desocupación alarmante, contracción de la demanda y colapso final. Visión dalineana, apocalíptica y dantesca. Si un ente sufre una pérdida no busquemos su eutanasia. Incentivémoslo.

La AFIP - DGI se ha expedido en este controvertido tópico considerando que "El impuesto a ganancia mínima presunta es un impuesto a la renta resultando complementario del impuesto a las ganancias; en consecuencia debe reconocerse la extensión de las franquicias previstas por la ley 22.021 para el impuesto a las ganancias al impuesto a la ganancia mínima presunta." (DICT. (DAL) 55/99 - 25/6/99; Jurisprudencia sumariada, Errepar - DTE - N° 240 - Marzo/00 - T. XX - 1103).

Autor: Ricardo Ruiz Vega

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