Osvaldo J. Maffía

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Es idea generalizada que los arts. 2 y 5 L.C. fijan -limitándolo- el ámbito personal de los deudores facultados para concluir un A.P.E.. Algunos autores afrontan el caso y lo afirman (Junyent Bas-Molina Sandoval, Truffat, y particularmente Heredia) pero tal vez resulte más elocuente la circunstancia de que otros se manejan con esa concepción sin decirlo, esto es, como si no cupiera duda o discusión algunas al respecto. Esa respuesta a preguntas no planteadas, ese decidir sin antes problematizar, nos recuerda la seguridad acrítica de las creencias que decía Ortega en oposición al mundo racional de las ideas, y merece la sentencia al pasar de Heidegger: "Todo mencionar prístino y propio dice algo no expresado, y lo dice de tal manera que continúa inexpresado ("¿Qué significa Pensar?", trad. esp. p.188).
Creemos que el punto merece un examen. Incluso, para nuestra apreciación la respuesta podría no coincidir con la aceptada; efectivamente, pensamos que aquellas normas no rigen al momento de considerarse el alcance subjetivo de los habilitados para celebrar el contrato que nos ocupa. Resulta obligado fundar el disenso, atenta la extensión y profundidad del análisis que lleva a cabo Heredia, con quien vamos a circunscribir el cotejo de opiniones.
El doctor Heredia dedica el capítulo VII -el último del tomo II de su tratado- al acuerdo preventivo extrajudicial: casi ciento cincuenta páginas de examen ahincado que no deja punto relevante sin analizar, y las enriquece con una compulsa exhaustiva de criterios a la que agrega sus puntos de vista, discrepantes a veces, a veces coincidentes, pero invariablemente fundados.
Por supuesto que algunas de sus opiniones admiten discrepancia. Nos referimos ahora al carácter de "contrato único" que asigna al acuerdo preconcursal, "determinado por la unidad de su causa-fin, entendida esta última como el propósito concreto y particular de las partes que las ha inducido a realizar el acto y que, en el caso, para todos los contratantes debe ser evitar el concurso judicial" (p. 525). Lo último -que el propósito de las partes es el de "evitar el concurso judicial"-, lo estimamos un non sequitur, y de ello diremos en . El aserto es reiterado por el autor en varios pasajes ulteriores del libro. Así, en la p. 526 habla de "intereses convergentes a un fin común (evitar el concurso judicial del deudor". El postulado "fin común" que consistiría en "evitar el concurso judicial del deudor" aparejaría una consecuencia sistemática de cabal significación, a saber, que "el acuerdo debe considerarse de naturaleza concursal siempre que hubiera sido inspirado en el propósito de evitar el concursamiento del deudor".
Sobre la base de aquellos presupuestos -contrato único; unidad de causa-fin", lo buscado por todos los contratantes consistiría en "evitar el concurso judicial" (525), extrae Heredia la conclusión de que el acuerdo sería "concursal" ab initio, calidad que aparejaría la aplicación de los arts. 2 y 5 ley 24.522. Por tanto, únicamente los sujetos habilitados para demandar su concurso preventivo podrían cerrar un acuerdo preventivo extrajudicial. Tal limitación, reitera, obedece a la "sola consideración de la materia 'concursal' sobre la que opera dicho acuerdo", idea que mantiene y enriquece en su valiosa monografía publicada en la Revista Jurisprudencia Argentina, que mereció un juicio encomiástico y ditirámbico de Truffat en su recentísimo libro ("... un trabajo magistral, que es una auténtica monografía que podría haber tenido formato de libro"). En el parágrafo 4, de esta última publicación, leemos: "Si esos arreglos hubieran sido concretados con la causa-fin de evitar el concurso del deudor existiría un acuerdo preventivo extrajudicial sin dudas" (...). En el parágrafo 6, "a)" reitera que: "... la causa-fin pretendida (evitar el concurso judicial)..." . Se trataría entonces, de un único contrato, con comunidad de causa-fin, consistente en evitar el concurso judicial del deudor. Ergo, de índole concursal, ab initio, y por tanto limitado subjetivamente por los arts. 2 y 5 de la ley.

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No estamos de acuerdo con el brillante estudioso. Su razonamiento articulado luce algo de arquitectónico, pero es sabido que esa articulación afronta riesgos que lo asemejan a la cadena del símil, que es tan fuerte como el más débil de sus eslabones. Expondremos nuestros argumentos.
Es satisfactoriamente inteligible el sentido de la frase "causa-fin" mientras nos quedemos en su valor entendido, pero apenas nos detengamos en su empleo riguroso por lo hombres de derecho surgen dificultades no tanto de significado como de denotación. Por suerte se trata de un pecado de opulencia, no de escasez de sentido.
El valioso libro -casi, ya un clásico- de Bianca y Piatti "Lessico di Diritto Civile" nos permite vincular la noción de causa y la de "contrato con comunión de fin" (típico al efecto, el contrato plurilateral, esto es, "el contrato constituido por más de dos partes en sentido sustancial", ello con la útil aclaración inmediata de que "parte" debe entenderse como "centro de intereses). El contrato plurilateral se caracteriza, entonces, por la presencia de varios centros de intereses,..." Agregan los autores que los contratos con comunión de fin "representarían el único modelo de contrato plurilateral". "Al modo que fuere, corresponde establecer qué debe entenderse por contratos plurilaterales con comunión de fin. La comunión de fin ha sido vista en la unicidad del resultado jurídico o en la ventaja común de las prestaciones de las partes". Y prosiguen: "teniendo presente que la noción de comunidad de fin ha sido elaborada sobre la idea de contrato de sociedad, puede decirse que la comunión de fin se identifica con la actividad o la organización del grupo". Una nueva referencia a fallos de la Casación favorece la inteligencia del punto: lo que caracteriza a los contratos plurilaterales no es el número de contrayentes superior a dos, sino el hecho de que las prestaciones de cada uno de ellos están orientadas a la obtención de un fin común, por lo cual se distinguen de los contratos de cambio en los cuales la prestación de una parte es cumplida exclusivamente en el interés de la otra" (p. 190/1 y 212/13 de la edición de 1995).
Esas precisiones excluyen, nos parece, que en un A.P.E. pudiera hablarse de "fin común". Podrá, como hipótesis máxima, aceptarse que en algunos casos los fines coincidieran. Pero aún en esa hipótesis, se trataría sólo de coincidencia -por tanto, suma de fines acordes-, pero no de fin común. E incluso admitiendo disputandi gratia que hubiese coincidencia de los fines que alientan todos los acreedores -lo cual es mucho decir-, y asimismo el deudor, aún así ese fin común no tiene por qué consistir en evitar el concurso judicial.

* Corresponde al tomo II de "La ley de concursos comentada", en prensa.

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