CADUCIDAD DE INSTANCIA

Fojas: 58
En Mendoza, a diecisiete días del mes de Febrero del año dos mil cuatro, reunida la Sala Primera de la Excma. Suprema Corte de Justicia, tomó en consideración para dictar sentencia definitiva la causa nº 75.121, caratulada: "TRIUNFO Coop. de Seg. Ltda. en J:18.535/89.229 TRIUNFO Coop. de Seg. Ltda. y Ot. c/ FABIÁN A. SARACENA OSES y Otro por Daños y Perj. s/ Casación".
De conformidad con lo dispuesto por los arts. 140 y 141 del C.P.C. y Acordada nº 5845 quedó establecido el siguiente orden de estudio en la causa por parte de los Sres. Ministros del Tribunal: primero: Dr. Fernando ROMANO; segundo: Dr. Carlos E. MOYANO; tercero: Dr. Carlos BÖHM.
A N T E C E D E N T E S :
A fs. 13/23 la actora deduce recurso extraordinario de Casación contra la sentencia dictada por la Primera Cámara de Apelaciones en lo Civil de la Segunda Circunscripción Judicial, a fs. 286/289 de los autos Nº 18.535/89.229 caratulados "TRIUNFO Coop. de Seguros Ltda. y Ot ro c/ Fabián A. Saracena Oses y Ot. p/ Daños y Perj .".
Admitido formalmente el recurso deducido se ordena correr traslado a la contraria, el que fue contestado a fs.48/50.
A fs. 54/55. obra el dictamen del Sr. Procurador General por el que se aconseja el rechazo del recurso deducido.
Llamados los autos al acuerdo para sentencia, a fs.57 se deja constancia del orden de estudio en la causa por parte de los Sres. Ministros del Tribunal.
De conformidad con lo establecido en el art. 160 de la Constitución de la Provincia, esta Sala se plantea las siguientes cuestiones a resolver:
PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es procedente el recurso de Casación interpuesto?.
SEGUNDA CUESTIÓN: En su caso, ¿qué solución corresponde?.
TERCERA CUESTIÓN: Costas.
A LA PRIMERA CUESTIÓN EL Dr. FERNANDO ROMANO, dijo:
Los antecedentes de la causa nos informan que el Dr. Alberto Montini por sí y en representación de "Triunfo" Cooperativa de Seguros, interpone demanda pretendiendo el resarcimiento de los daños derivados de un accidente de tránsito sufridos en la vía pública y en representación de la Coop. de Seguros, por cobro de una determinada suma de dinero que abonara al Dr. Montini como asegurado de la misma y con causa en el mismo accidente.
Trabada la litis y ordenada la sustanciación de la causa por resolución de fs. 89/91 de fecha 9 de febrero de 1995 y luego de cumplidos distintos trámites de prueba, a fs. 232 y vta. con fecha 4 de junio de 1999 tienen lugar dos audiencias de reconocimiento de documentación. A fs. 236 con fecha 16 de junio de 1999 el actor presenta un escrito de ratificación. A fs. 237/240, con fecha 21 de junio de 2000, el perito contador presenta pericia, a lo que el Tribunal ordena que se agregue y se haga conocer la misma a los interesados a los efectos establecidos en los arts. 193 y 68 inc. VIII del CPC. En el mismo proveído se agrega más adelante que "Atento el tiempo transcurrido, notifíquese el presente decreto a los términos del art. 68 inc. XIII del CPC. Notifíquese por cédula."
A fs. 241 obra la cédula de notificación de tal decreto, efectuada a las partes con fecha 29 de junio de 2000. A fs. 242, con fecha 5 de julio de 2000 se presenta la actora contestando la vista conferida respecto de una documentación solicitada por el perito contador. A fs. 244 y vta. y con fecha 30 de junio de ese año 2000, la demandada solicita la suspensión de los términos que le estuvieren corriendo a su parte en razón de haber sido notificado de la providencia de fs. 240 vta. y no encontrarse las actuaciones en el Tribunal, afirmando que no consiente tal providencia. El Tribunal con fecha 26 de julio de 2000 ordena la suspensión de términos para el peticionante y en el mismo acto, que rija nuevamente el término suspendido en razón de encontrarse devueltas las actuaciones, según informe de Mesa de Entradas, disponiendo la notificación por cédula. Tal decreto fue notificado el 23 de marzo del 2001 según constancia de fs. 246.
A fs.247/248 con fecha 28 de marzo de 2001 la demandada interpone incidente de caducidad de instancia afirmando que el último acto útil cumplido en la causa, lo fue el decreto de fs. 235, por el que el Tribunal ordena agregar el oficio diligenciado a la policía de Mendoza de fecha 15 de junio de 1999 y que si bien la incorporación de la pericia contable es un acto impulsorio, en autos se cumplió luego de vencido el término de caducidad y su parte no consintió tal decreto por lo que tampoco existiría purga de la caducidad.
En primera instancia se hizo lugar a la incidencia, declarando caduca la instancia. Habiendo apelado la misma los actores, el Tribunal de Apelaciones confirma el decisorio.
Sostuvo la Cámara entre sus fundamentos, que en la causa no existía discusión sobre el cumplimiento del plazo legal de caducidad y que lo controvertido sólo consistía en determinar si había existido algún acto impulsorio cumplido con posterioridad al término de perención, con efectos de haber producido la purga de la caducidad.
Que este último supuesto no era de considerar, en tanto en autos no había existido purga porque la actuación de fs. 240 vta. no podía entenderse consentida por el incidentante. Ello así desde que éste último notificado del mismo, se presentó solicitando la suspensión de términos dejando expresamente aclarado que no consentía tal providencia. Que la caducidad fue planteada dentro del tercer día de la notificación del decreto por el que se ordenó regir el término suspendido. Que no era cierto que el único término pendiente en relación a la providencia de fs. 240 vta. era el plazo del art. 193 del CPC, sino que tal proveído generó la posibilidad de su impugnación a través de la caducidad de instancia.
Que tampoco existía por parte de la demandada incidentante una conducta que lesionara el criterio de la doctrina de los actos propios. Que respecto al proveído de fs. 242 sobre la contestación de la vista por parte de la actora si bien el mismo resultaba un acto intrínsecamente útil, en el caso, correspondía considerarlo involucrado dentro del no consentimiento formulado por la demandada, de conformidad a la disposición del art. 68 inc. XIII.del C.P.C. Que no estando firme la actuación de fs. 240 vta., que fuera la primera posterior al vencimiento del plazo de perención, lo concerniente al proveído de fs. 242 vta. aparece sin efectos en relación a la caducidad de la instancia.
Contra la resolución los accionantes interponen recurso extraordinario de Casación, invocando los supuestos contemplados en los incisos 1 y 2 del art. 159 del CPC. Sostienen que el fallo desconoce los alcances dados por el Juez de primera instancia a la resolución de fs. 245, en virtud de la cual dispuso suspender el término que se encontraba rigiendo para el presentante y que, encontrándose las actuaciones en el Tribunal, ordenó regir nuevamente el término suspendido. Que la demandada solicitó la suspensión de términos y que devueltos que fueran los autos, se ordenara regir el término suspendido, con lo que admitió en forma expresa que la instancia continuara. Que distinto hubiese sido el caso si la incidentante hubiese solicitado la suspensión de los procedimientos, porque en tal hipótesis nada consiente, en tanto sus efectos se hubiesen extendido a todo el proceso. Que la manifestación efectuada de no consentir la providencia no era suficiente para conservar el derecho de pedir la caducidad de la instancia. Que la demandada consintió el decreto de fs. 242 vta. aparecido en lista el 7 de julio de 2000 que no impugnó atento a que la caducidad la plantea el 28 de marzo de 2001.
Que de otro lado, el planteo de caducidad efectuado contradice los actos propios de la incidentante en tanto solicitó la suspensión de términos y la reanudación de los mismos una vez devueltos los autos, lo que implica la aceptación de que continúe abierta la instancia. Que se interpreta erróneamente los arts. 78 y 79 del CPC por cuanto el fallo desconoce que la caducidad de instancia es de interpretación restrictiva y que en caso de duda debe estarse a la subsistencia del proceso.
El Sr. Procurador General se expide por el rechazo del recurso por las razones que abonan el dictamen obrante a fs. 54/55.
SOLUCIÓN AL CASO OCURRENTE:
Tal como ha quedado planteado el caso y como correctamente lo entendió el Tribunal de Alzada, la cuestión a dilucidar quedó circunscripta a determinar si en autos, luego del decreto de fs.240 vta., medió por parte del demandado algún acto que implicara el consentimiento a la caducidad ya cumplida, es decir si se había operado su purga en los términos del art. 79 inc. III del C.P.C. teniendo en cuenta que fue un hecho indiscutido que el acto de presentación de pericia de fs.238/240 y su proveído, fueron cumplidos con posterioridad al término del año a contar del último acto útil.
Como bien se encarga de establecerlo el Tribunal de Alzada, la purga de la caducidad supone la realización de actos útiles cumplidos con posterioridad al vencimiento del plazo legal de perención y requiere el consentimiento de la parte interesada en oponerla. En tal sentido, esta Sala ha sostenido reiteradamente que el acto interruptivo (realizado durante el plazo de un año) no necesita ser consentido, sí requiere de tal consentimiento el acto útil que se produce después de vencido el plazo (L.S. 196 fs. 146, L.S 216-365).
Conforme con estos principios en el ocurrente de lo que se trata, como lo pretende la accionante, es de establecer en definitiva, si existió consentimiento por parte de la demandada incidentante, al decreto de fs. 240 vta. como para considerar que en el caso se operara la convalidación de la perención ya cumplida, tal como lo pretende la recurrente, o si por el contrario no medió tal convalidación.
Al respecto entiendo que la solución dada en el fallo en recurso, es la correcta. En efecto, de las constancias de la causa surge, sin duda alguna, que la demandada no consintió el decreto de fs. 240 vta..Esta disposición por la que se ponía a disposición de las partes el informe pericial y además ordenaba la notificación por cédula del referido decreto, conforme a los términos del art. 68 inc. XIII del CPC., fue notificada a la demandada el día 29 de junio de 2000, como surge de la constancia de cédula obrante a fs. 241. El día siguiente, el demandado solicita la suspensión de los términos que le estuvieran corriendo a partir de la providencia de fs. 240 vta., atento a que las actuaciones no se encontraban en el Tribunal, dejando expresamente aclarado que su parte no consentía ese decreto (fs.244), petición que fue acogida favorablemente por el Tribunal a fs. 245.
Ahora bien, pretende el recurrente que, al haber solicitado la suspensión de términos y no de procedimientos, la demandada consintió la prosecución del trámite, por lo que habría operado la convalidación. Entiendo que tal planteo no tiene ningún asidero en las constancias de la causa, si bien no se desconoce las diferencias existentes entre la suspensión de términos y la de procedimiento, lo cierto es que en el caso y tal como lo entendió la Cámara, ese distingo no tiene relevancia. Tal como quedó acreditado en la causa y más allá de los términos empleados, el demandado se encontraba imposibilitado de compulsar las actuaciones porque la mismas estaban prestadas, como lo informa mesa de entradas a fs. 244 vta., por lo que con la petición de suspensión mediante y concedida por el Tribunal, es obvio que no le corrió ningún plazo. En este punto acierta el fallo al sostener que el plazo que le estaba corriendo a la demandada, no sólo era el de cinco días previsto en el art. 193 del Código Procesal, sino también el relativo a la posibilidad de su impugnación, la que posteriormente efectivizó, tan es así que el propio decreto ordena la notificación por cédula atento al tiempo transcurrido y de conformidad con el art. 68 ap .XIII del CPC. Es más, aún el propio demandado al solicitar la suspensión, deja aclarado expresamente que no consiente tal decreto. En este punto si bien el recurrente manifiesta que no es suficiente tal expresión para enervar los efectos de la purga, de su parte tampoco da fundamento alguno a tal agravio, reiterando una vez más que debió plantear la suspensión de procedimientos, pero no expresa de qué manera puede obviarse lo que fue formulado en términos claros y precisos.
En ese temperamento resulta por demás claro que, si a la incidentante y por efecto de la suspensión, no le había corrido ningún término desde el dictado del decreto de fs. 240 vta., luego de transcurrido un año de aquél, cuando planteó la caducidad, el 26 de marzo de 2001, sin consentir acto alguno de procedimiento y dentro del tercer día de la notificación por cédula del decreto que ordenó regir el término suspendido, no puede bajo ningún aspecto hablarse de consentimiento ni de purga.
Tampoco puede afirmarse como lo hace la recurrente, que el incidentante consintió el decreto de fs.242 vta. por el que se tiene por contestada por el actor la vista otorgada por el decreto de fs. 240 vta, precisamente porque los términos para la demandada estaban suspendidos y porque tal decreto era consecuencia de un acto cumplido en relación al decreto de fs. 240 vta., el que no había sido consentido por la incidentante y no se encontraba firme para ella.
Con respecto a la invocación de la inaplicación de la teoría de los actos propios, tampoco resulta procedente, desde que tal como lo sostuvo la Cámara, la conducta del incidentante fue uniforme y consecuente a los fines propuestos luego con la petición de la declaración de caducidad de instancia. Obviamente encontrándose notificada la demandada de una providencia del Tribunal, la que necesariamente exigía la compulsa de las actuaciones en razón que se le estaba notificando la pericia presentada y sin traslado, según constancia de la cédula de notificación obrante a fs.241, el único acto que podía realizar era el que efectivizó, es decir solicitar la suspensión hasta tanto se encontraran nuevamente las actuaciones. El hecho de requerir la notificación de la reanudación del término suspendido, constituye una facultad procesal del litigante y no el consentimiento a ningún acto como lo pretende la quejosa, máxime como se dijo, si el incidentante dejó expresa constancia de su no consentimiento.
Por último, tampoco resulta procedente el agravio referido a que debió aplicarse el instituto de la caducidad en forma restrictiva y que ante la duda el Tribunal debió pronunciarse en favor de la supervivencia de la instancia, desde que en el fallo no se vislumbra duda alguna respecto de la procedencia de la caducidad resuelta.
Por las razones expuestas, entiendo acertado el criterio del decisorio en cuanto consideró que no se había producido la purga, razón bastante que justifica la declaración de la caducidad de la instancia abierta con la demanda. Por tanto, y si mi voto resulta compartido por mis colegas de Sala, deberá confirmarse la resolución recurrida y rechazarse el recurso en examen.
Así voto.
Sobre la misma cuestión el Dr. BÖHM adhiere por sus fundamentos al voto que antecede.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN EL DR. FERNANDO ROMANO, dijo:
Corresponde omitir pronunciamiento sobre este punto, pues ha sido planteado para el eventual caso de resolverse afirmativamente la cuestión anterior.
Así voto.
Sobre la misma cuestión el Dr. BÖHM adhiere al voto que antecede.
A LA TERCERA CUESTIÓN EL DR. FERNANDO ROMANO, dijo:
Atento el resultado al que se arriba en el tratamiento de las cuestiones que anteceden, corresponde imponer las costas a la parte recurrente vencida (Arts. 36-I y 148 del C.P.C.).
Así voto.
Sobre la misma cuestión el Dr. BÖHM adhiere al voto que antecede.
Con lo que terminó el acto, procediéndose a dictar la sentencia que a continuación se inserta:
S E N T E N C I A :
Mendoza, 17 de Febrero de 2004.
Y VISTOS:
Por el mérito que resulta del acuerdo precedente, la Sala Primera de la Excma. Suprema Corte de Justicia fallando en definitiva,
R E S U E L V E :
I. Rechazar el recurso de Casación deducido a fs. 13/23 por TRIUNFO COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA.
II. Imponer las costas a cargo de la recurrente vencida (Arts. 36-I y 148 del CPC).
III. Regular los honorarios por el recurso extraordinario del siguiente modo: Dr. JORGE ALFREDO YASUFF en la suma de pesos SETENTA ($ 70); Dr. JULIO OMAR ABDALA en la suma de pesos VEINTIUNO ($ 21); Dr. RICARDO ALFREDO CARO en la suma de pesos CUARENTA Y NUEVE ($ 49); Dr. JORGE ALBERTO MONTINI en la suma de pesos QUINCE ($ 15) (Arts. 3, 15 y 31 L.A.)
IV. Dar a la suma de pesos SETENTA Y CINCO ($ 75), de la que da cuenta la boleta de depósito obrante a fs. 1, el destino previsto por el art. 47 inc. IV del C.P.C.
Notifíquese. Ofíciese..


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Se deja constancia que la presente resolución no es suscripta por el Dr. Carlos E. MOYANO por encontrarse en uso de licencia (Art. 88 apart. III, C.P.C.). Secretaría, 17 de Febrero de 2004.

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