Facultad del Juez para morigerar la tasa de interés.

Fojas: 35
En Mendoza, a dos días del mes de febrero del año dos mil cuatro, reunida la Sala Primera de la Excma. Suprema Corte de Justicia, tomó en consideración para dictar sentencia definitiva la causa N 77.015, caratulada: "A.F.I.P. EN Jº 35.510/8.175 A.F.I.P. EN Jº 7.206 OESTE GAS S.A. P/CONC. PREV. P/REC. REV. S/INC."
Conforme lo decretado a fs. 34 se deja constancia del orden de estudio efectuado en la causa para el tratamiento de las cuestiones por el Tribunal: primera: Dra. Aída KEMELMAJER DE CARLUCCI; segundo: Dr. Fernando ROMANO; tercero: Dr. Carlos E. MOYANO.
A N T E C E D E N T E S :
A fs. 4/16 vta. la abogada Silvina Martínez Garraza, por la A.F.I.P. deduce recurso extraordinario de Inconstitucionalidad en contra de la resolución dictada por la 1º Cámara Civil de Apelaciones a fs. 63/65 de los autos Nº 8.175, caratulados: "A.F.I.P. en J: 7206 Oeste Gas S.A. p/ Conc. Prev. s/Rec. Rev.".
A fs. 21 se admite formalmente el recurso deducido y se ordena correr traslado a la parte contraria. A fs. 24/26 vta. contesta la concursada y solicita el rechazo del recurso deducido, y a fs. 27 hace lo propio el señor síndico interviniente.
A fs. 29/32 obra el dictamen del Sr. Procurador General quien, por las razones que expone, aconseja el rechazo del recurso intentado.
A fs. 33 vta. se llama al acuerdo para sentencia y a fs. 34 se deja constancia del orden de estudio en la causa por parte de los señores Ministros del Tribunal.
De conformidad con lo establecido en el Art. 160 de la Constitución de la Provincia, esta Sala se plantea las siguientes cuestiones a resolver:
PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es procedente el recurso interpuesto?.
SEGUNDA CUESTIÓN: En su caso, ¿qué solución corresponde?.
TERCERA CUESTIÓN: Costas.
A LA PRIMERA CUESTIÓN LA DRA. AÍDA KEMELMAJER DE CARLUCCI, dijo:
I. PLATAFORMA FÁCTICA.
Los hechos relevantes para la resolución del remedio interpuesto son, sintéticamente, los siguientes:
1. La A.F.I.P. solicitó verificación de su crédito en el concurso preventivo de Oeste Gas S.A.
2. El juez declaró admisible parcialmente el crédito, de conformidad a lo aconsejado por la sindicatura., reduciendo la tasa de interés pretendida.
3. El organismo recaudador inició incidente de revisión mediante autos N 8.175, insistiendo en su pretensión originaria.
El juez del 3 Juzgado de Procesos Concursales y Registro no hizo lugar al recurso de revisión planteado. Esta decisión fue apelada por el organismo recaudador.
4. La Cámara de Apelaciones rechazó el recurso de apelación. Se basó para ello en la jurisprudencia, propia y de este Tribunal, que reconoce las facultades morigeradoras de los jueces en punto a la tasa de interés a aplicar.
II. LOS AGRAVIOS EXPUESTOS POR LA A.F.I.P. EN LOS RECURSOS DE INCONSTITUCIONALIDAD Y DE CASACIÓN DEDUCIDOS.
La recurrente califica de arbitraria a la decisión recurrida y alega que encontrándose vigente la ley 11.683 y la resolución relgamentaria 22/91, su parte se encuentra obligada a su aplicación mientra no se declarada su inconstitucionalidad por la vía correspondiente. Sostiene también que la ley no distingue entre contribuyentes concursados y el resto de los mismos, y que las tasas de interés aplicadas por la D.G.I., guardan una íntima relación con la ética y la justicia y se encuentran plenamente respaldadas por cuerpos legales vigentes, que no han sido cuestionadas como exhorbitantes y que no se contraponen con el orden público y las buenas costumbres. III. UNA VIEJA HISTORIA.
La cuestión relativa a la facultad judicial de reducir las tasas de interés de los créditos fiscales en los procesos concursales tiene más de cinco años. Esta Sala, en fallo del 27/5/1997 (LS 271-461) recaído en la causa n 59.475, caratulada "Dirección General Impositiva en j. 41.324/1601 D.G.I. en j. 24.048 Silvia S.A.C.I.F.A. p/Conc. Preventivo s/ Cas." convalidó el criterio jurisprudencial conforme al cual, mediando concurso, los jueces pueden reducir las tasas de interés reclamadas por el organismo recaudador que resulten excesivas.
Posteriormente, en más de una trentena de recursos, el organismo recaudador insistió en su planteo. En un comienzo, se limitó a reproducir los anteriores escritos; frente a la crítica de esta Sala por esa actitud procesal comenzó a introducir variantes, algunas de las cuales intentaron responder a los argumentos desarrollados por este tribunal. Esas variantes tampoco han tenido acogida; en tal sentido, pueden compulsarse sentencias del 1/9/98 (L.S. 282-278) recaído in re 63.609, "D.G.I. en j. 26.565/23.521 D.G.I en j. 25.251 Suministros Industriales S.A. p/Conc. Prev. S/Inc. Rev. s/ Cas."; del 29/12/98 (L.S. 285-144), 63.799, "D.G.I. en jº 1351/24755 D.G.I. en jº 375 Maugeri Carmelo y ots. p/ Conc. Prev. s/ Rec. de Rev. s/ Inc. Cas."; del 29/12/98 (L.S. 285-210) 63.829, "D.G.I. en jº 2470/25052 D.G.I. en jº 1124 Martín & Monteavaro p/ Conc. Prev. s/ Rec. de Rev. s/ Inc. Cas."; del 29/12/98 (L.S. 285-226) 64.217, "D.G.I. en jº 3123/27589 D.G.I. en jº 25721 Estación de Servicio Las Palmeras SRL p/ Conc. Prev. s/ Rec. de Rev. s/ Inc. Cas."; entre otros.
Lamentablemente, y no obstante el tiempo transcurrido desde entonces, la Corte Federal no ha emitido pronunciamiento sobre el tema, dejando pendiente el conflicto y, consecuentemente, la reiteración de planteos con el consecuente desgaste jurisdiccional. Al parecer, y atendiendo exclusivamente a resultados, poco ha hecho el organismo nacional para impulsar una decisión del Superior Tribunal de la Nación que termine, de una vez por todas, con tanta litigiosidad inútil. Otros Superiores tribunales de provincia, en cambio, en estos últimos tiempos, se han pronunciado en el mismo sentido que esta Sala (Ver sentencia de la Suprema Corte de Santa Fe, 15/5/2002, La Ley Litoral 2002-1062).
En el ocurrente, el organismo recurrente se limita a enunciar los motivos por los cuales disiente con lo resuelto por este Tribunal en sus precedentes, por lo que cabe reproducir los principales razonamientos vertidos; la repetición se hace necesaria, desde que, como se ha expresado en otras oportunidades, esas sentencias no han sido objeto de publicación masiva.
Se dijo entonces:
1. La jurisprudencia de la Corte Nacional y de otros Tribunales en materia de intereses por créditos fiscales posterior a la sanción de la Ley 23928.
En reiteradas ejecuciones individuales, donde se discutían créditos de la Municipalidad de Buenos Aires, de las provincias y de la Nación, la Corte Federal, no obstante enfrentarse a juicios de apremio, consideró revisables las sentencias que decidían sobre la tasa de interés y revocó decisiones que habían prescindido de las leyes y ordenanzas que establecen la tasa de interés a devengar por esos créditos (Ver, a vía de ej., fallos del 20/10/1992, D.G.I c/ Frigorífico El Tala, cit. en fallo del 2/10/1993, Santa Cruz c/YPF, Doc. Jud. 1993-2-903 ó ED 153-612 y fallo del 10/12/1992, Municipalidad de la ciudad de Bs.As. c/Río de Janeiro 269 SRL, ED 153-610, con sendas notas de Spisso, Rodolfo, Actualización e intereses en materia fiscal y la ley 23928 y Las previsiones de las leyes fiscales y la ley 23928).
Esta jurisprudencia, mediante la cual la Corte ha declarado que las previsiones fiscales en materia de intereses prevalecen sobre la ley de convertibilidad se funda en los siguientes argumentos:
a) La función del impuesto -la atención del bien común- justifica que las leyes pertinentes contemplen medios coercitivos para lograr la satisfacción oportuna de las deudas fiscales cuya existencia afecta de manera directa al interés de la comunidad porque gravitan en la percepción de la renta pública. Con este propósito se justifica la aplicación de tasas de interés más elevadas lo que por otra parte no favorece a persona determinada sino a la sociedad toda.
b) La jurisprudencia de la Corte Federal que en un comienzo mandó aplicar la tasa pasiva, es aplicable sólo a falta de previsión legal o convencional en contrario.
c) La disminución de la tasa legal por la mera referencia a la Ley 23.928 implicaría prescindir del texto legal.
d) No cabe prescindir de un texto legal sin la previa declaración de inconstitucionalidad.
Es de señalar, sin embargo, que en todos estos precedentes hizo lugar al planteo de la demandada relativo a la capitalización de intereses y dijo que el anatocismo sólo procede cuando, en los casos judiciales, liquidada la deuda el juez mandase pagar la suma que resultase y el deudor fuese moroso en hacerlo, para lo cual debe ser intimado, situación que no se cumplía en aquellos autos.
Esta jurisprudencia fue seguida, con transcripción fiel de los fallos, por el Superior Tribunal de Justicia de La Pampa en su resolución del 8/3/1995, recaída in re "Dirección General de Rentas c/Tractores e Implementos SA s/Apremio", en Rev. de Jurisprudencia Provincial, año 5 n 9, Setiembre de 1995, pág. S-337).
A su vez, la Corte Suprema de Santa Fe confirmó la resolución que morigeró los intereses insinuados por la A.F.I.P. en un concurso, toda vez que ello tiene por finalidad no vulnerar la pars conditio creditorum, atendiendo a la perspectiva de recomposición eventual del patrimonio del deudor y de cobro efectivo de los créditos en juego. Conforme a ello, rechazó el recurso de inconstitucionalidad por considerar que a través del mismo no se había logrado demostrar la arbitrariedad alegada, y sólo traducía la intención del recurrente de imponer su propio enfoque de la solución (C.S., Santa Fe, 18-12-2002, La Ley, Litoral, JURIS, año 7, Número 7, agosto 2003, pág. 854, fallo n° 2749).
Por su parte, la Cámara Nacional de Comercio, sala C, adhiriendo al dictamen del Fiscal de Cámara y en ejercicio de la facultad reconocida a la jurisdicción de morigerar los intereses, resolvió que corresponde disminuir en sede judicial la tasa de interés establecida por el Fisco para un crédito tributario, si media elevada desproporción respecto de la tasa bancaria, aun cuando dicho crédito esté regido por normas específicas cuya inconstitucionalidad no haya sido alegada por el deudor, dado que por razones de equidad la deuda debe fijarse en sus justos límites, máxime en el actual contexto de estabilidad económica. (Cám Nac. Com., sala C, L.L. 2001-C-111, fallo n° 101.943, comentado por N. de R.: Reducción judicial del interés del crédito fiscal).
Asimismo, la sala E del mismo Tribunal, si bien acogió el cuestionamiento del Fisco, en el marco de una quiebra, contra la resolución que no verificó los intereses legales contemplados para el caso de deudas tributarias, dispuso un tope máximo aplicable a los mismos de dos veces y medio la tasa que cobra el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones de descuento de documentos a 30 días (Art. 622 C.C.) (Cám. Nac. Com., sala E, 20-11-2002, D.J. 2003-2-193, fallo n° 19.669). Con posterioridad, en adhesión a lo dictaminado por el Fiscal de Cámara, sostuvo que es improcedente la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 37 y 52 de la ley 11.683 en virtud de los cuales el organismo recaudador basó su pretensión al solicitar la verificación de los intereses de su crédito, toda vez que los jueces tienen la facultad de morigerar los intereses fijados por la Secretaría de Ingresos Públicos para garantiza que no se vulneren los principios de la Constitución Nacional. (Cám. Nac. Civ., sala E, 22-4-2003, L.L. 1003-E-657, fallo n° 106.096).
Finalmente, la sala A del mismo Tribunal, hace suyo el dictamen del señor Fiscal de Cámara que entendió que corresponde morigerar los intereses fijado por normas fiscales, pues si bien las elevadas tasas fijadas por los organismos recaudadores tienen como fin que los ciudadanos cumplan en término con sus obligaciones, ello no se aplica en estado de falencia del deudor moroso, al resultar irrazonable y transformarse en un castigo para los acreedores que verían menoscabado el margen de posibilidades de percepción de sus acreencias ante tan acrecido crédito (Cám. Nac. Com., sala A, 2-10-2002, L.L. 2003-C-674, fallo n° 105.495, y en Derecho del Trabajo, 2003-A-720). En el mismo sentido, pronunciamiento del 20-12-2002, publicado en D.J. 2003-2-529, fallo n° 19.830. El 11-2-2003 y el 14-4-2003 resolvió que corresponde morigerar, incluso de oficio, las tasas de intereses previstas en las ordenanzas fiscales de la incidentista (en el caso, A.F.I.P.) si su aplicación implica un resultado disvalioso que debe ser conjurado, ya que adoptar un criterio distinto implicaría un desmedro de la télesis del art. 953 del C.C. (Cám. Nac. Civ., sala A, 11-2-2003, L.L. 2003-E-617, fallo n° 106.074; 14-4-2003, L.L. 2003-E-607, fallo n° 106.069).
2. La tasa de interés que cobra la D.G.I con base en la resolución 22/91 de la Secretaría de Ingresos Públicos del 1/12/1991 y la pretendida en autos.
La resolución mencionada en el epígrafe prevé dos situaciones:
a) Tasa del 3% mensual por deudas impositivas en concepto de intereses resarcitorios por mora en el pago puntual de los impuestos, mientras el trámite se desarrolla en sede administrativa.
b) Una vez agotada la instancia administrativa, se inicia la ejecución fiscal, en sede judicial. La deuda resultante de aplicar el 3% mensual desde la mora de cada vencimiento genera en sede judicial intereses punitorios del 4.5% mensual, a partir del momento en que se ha interpuesto la demanda (Para el éxito en la recaudación y las causas atribuibles a esta resolución, ver Bacigalupo, José M., Tasas de interés que se deberían aplicar en la Justicia LL 1996-B-1138).
Dado que en autos no se han agregado los antecedentes del crédito, no está claro si la D.G.I solicitó los intereses previstos en la resolución 22/91 o si para los períodos anteriores los liquidó a las tasas superiores del 7% y del 4% mensual (para las deudas no reclamadas en juicio) previstas en las resoluciones 25/91 y 92/91. Es sí indubitable que los capitalizó, con fundamento en el Art. 42 de la ley, en contra de lo resuelto por la Corte Federal en los casos que ella misma cita.
3. ¿Rige la jurisprudencia antes reseñada en los casos de ejecución colectiva?.
En lo que es de mi conocimiento, resultante de las publicaciones de difusión en el ámbito judicial argentino, la Corte Federal sólo se ha pronunciado en los casos de apremio o ejecuciones individuales. La cuestión a resolver es si la ejecución colectiva tolera esa interpretación. Mi respuesta es negativa y explicaré por qué:
a) La tasa que paga el Estado en sus deudas consolidadas.
El alegado estado de emergencia nacional, que motivó la consolidación de los pasivos del Estado, instituto de Derecho Público, tiene su paralelo, en el derecho privado, en el estado de cesación de pagos de una empresa. Cabe entonces preguntarse qué intereses paga el Estado por esas deudas consolidadas.
La respuesta jurisprudencial y doctrinal es: "la deuda consolidada devenga una tasa de interés llamada pasiva, conforme la comunicación A 14290 del Bco. Central de la República Argentina, cuya evolución, hasta 1996, era de aproximadamente el 65%. Teniendo en cuenta que conforme el Art. 6 de la Ley 23982 se trata de una tasa de interés capitalizable mensualmente, para ponerla en un pie de igualdad con las tasas del mercado, el interés mensual efectivo es del 0.8 % mensual (Bacigalupo, José M., Tasas de interés que se deberían aplicar en la Justicia LL 1996-B-1138)."
Aún más, la Corte Nacional tiene resuelto que "corresponde dejar sin efecto la sentencia que prescindió de aplicar el Art. 6 Ley 23982 que prevé un interés equivalente a la tasa promedio de la caja de ahorro común que publique el Banco Central capitalizable mensualmente; la sentencia anulada había establecido "a partir del 1/4/1991 y hasta el efectivo pago, la tasa de interés activa que cobra el Bco. de la Nación en sus operaciones de descuento" (CSN 7/2/1995, Mierez, Omar A c/Ferrocarriles Argentinos, JA 1995-II-475)."
Un régimen de intereses moratorios distinto para los créditos y las obligaciones del Estado es motivo de crítica constante en todos los países a los que nos une una tradición legislativa común (Para la situación en Italia ver, entre otros, De Metrio, Enrico, Profili sostanziali e processuali dell 'obbligazione di interesse della p.a., en Rassegna di diritto civile, Napoli, ed. Scientifiche italiane, 1992 n 1 pág. 1 y ss; La Rosa, Salvatore, Interessi passivi, interessi del debito pubblico e disciplina fiscale del redditi d'impresa, en Scritti in onore di Giuseppe Auletta, Milano, ed. Giuffrè, 1988, t. III, pág. 95).
En efecto, si el Estado puede, en aras del bien común, producir una consolidación de todos sus pasivos con tasas de interés reducida (pues de otro modo no sale de la emergencia), no hay razón para no aplicar el mismo criterio cuando el deudor común, en beneficio de todos sus acreedores, recurre al procedimiento colectivo.
En este sentido, pero con criterio más general, se ha dicho que "no se justifica con relación a las obligaciones previsionales o fiscales que se apliquen tasas de interés excesivas, porque esto implica una violación de los Arts. 16 y 17 de la CN, porque no obstante la finalidad de interés público de la obligación, la misma no puede justificar la afectación de los derechos constitucionales de la propiedad y de la equidad de las cargas públicas. Estas garantías que nadie ha discutido como protección del patrimonio de los ciudadanos, respecto de las obligaciones fiscales y previsionales, debe jugar también contra los accesorios excesivos de dichas obligaciones" (Cárdenas Madariaga, Mario, Las tasas de interés, Bs. As. , ed. Ad hoc, 1994 pág. 111).
b) Las tasas de interés, la moralidad media y la lucha contra el cáncer de la evasión fiscal.
No ignoro que las altas tasas de interés tienen una finalidad disuasoria muy loable: propender al cobro de los créditos fiscales.
Sin embargo, cuando el deudor está en cesación de pagos es inútil pretender disuadirlo con altas tasas: su patrimonio es impotente para afrontar el pasivo por medios comunes de pago. Consecuentemente, las tasas altas, lo único que logran es impedir el pago y disminuir la recaudación fiscal.
Por lo demás, "el fin no justifica los medios"; decir que no contradicen el fin macroeconómico perseguido por el plan de convertibilidad (que logró detener la inflación en Argentina) tasas capitalizables del 7, 4 y 3 % mensual (según los períodos), es olvidar que la inflación no supera el 2% anual y que las "escorias" contenidas en los intereses no pueden, bajo ningún concepto, implicar un porcentaje tal, que ninguna empresa pueda pagar pues no hay actividad lícita y moralmente aceptable que dé ese margen de ganancia. Cuando las tasas son muy superiores al rendimiento de las actividades productivas, se producen quebrantos generalizados (ver Cárdenas Madariaga, Mario, Las tasas de interés, Bs. As., ed. Ad hoc, 1994 pág. 41), uno de cuyos resultados es la disminución de la recaudación.
Bien se ha dicho que "toda norma requiere para su aceptación que la misma esté informada por un contenido ético. Han sido superados los tiempos en que la voluntad del soberano era el único requisito que bastaba para su imposición. Hoy las leyes son juzgadas por los administrados y su mayor aceptación se encuentra en su razonabilidad. Si no lo son, si las normas no están informadas por un contenido de justicia, no bastarán graves sanciones para lograr su acatamiento. Las causas de la evasión fiscal, verdadero cáncer social, no son difíciles de detectar. Y una de ellas, sin duda, la no menos importante, se encuentra en la acción del mismo Estado" (Bruzzon, Juan Carlos, Las normas regulatorias de intereses adeudados al fisco. Las medidas de no innovar en las ejecuciones de los mismos. La ética en las resoluciones fiscales, ED 140-779 y ss.). A vía de mero ejemplo recuerdo el justo reclamo de la Cámara de Sociedades Anónimas cuando afirmó que, dado que el Tribunal Fiscal de la Nación, integrado por 12 miembros, tuvo durante mucho tiempo 7 vacantes, impugnar los errores de la D.G.I fue prácticamente imposible, pues durante todo el tiempo de duración del procedimiento debía pagarse una tasa del 36 % anual en un país que no tiene más del 5 % anual de depreciación (Ver nota La tasa de interés frente a los recursos del Tribunal Fiscal, en Información empresaria n 261, Julio de 1995, pág. 56). Es que "en el análisis de las tasas de interés hay una cuestión filosófica, de filosofía moral o ética, que debe presidir el debate, porque de lo contrario, se aborda la cuestión sin conceptos básicos. Este enfoque no sólo no afecta el desarrollo del crédito sino que lo facilita y garantiza. La libertad necesaria para la actividad económica no está reñida con la ética. Por el contrario, es el crimen organizado el que generalmente demanda una total desregulación, como que la usura en los EEUU aparece como uno de los negocios de la mafia (Cárdenas Madariaga, Mario, Las tasas de interés, Bs.As., ed. Ad hoc, 1994 pág. 63).
c) La declaración de inconstitucionalidad.
La quejosa ha sostenido, desde la interposición de la revisión, que la tasa de interés no puede ser disminuida por el juzgador sin declarar formalmente la inconstitucionalidad de la Ley 11.683. No comparto esta posición; explicaré por qué:
La tasa de interés no la fija la ley sino la Secretaría de Hacienda. Es verdad que ese organismo lo hace por delegación y dentro de los márgenes previstos por la ley "(Art. 42: La tasa de interés y su mecanismo de aplicación serán fijados por la Secretaría de Hacienda; el tipo de interés que se fije no podrá exceder el doble de la mayor tasa vigente que perciba en sus operaciones el Banco de la Nación Argentina...La obligación de abonar estos intereses subsiste no obstante la falta de reserva por parte de la DGI al percibir el pago de la deuda principal y mientras no haya transcurrido el término de la prescripción para el cobro de ésta. En los casos de apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación los intereses de este artículo continuarán devengándose"); sin embargo, exigir que cada vez que el ente recaudador pretenda cobrar sobre la base de sus cambiantes resoluciones, el contribuyente plantee la inconstitucionalidad de ese acto general administrativo como si fuese la ley misma, parece decididamente un exceso: quienes así lo exigen olvidan que el concursado y la sindicatura no atacan a la resolución por ser inconstitucional en sí misma, sino que afirman que su aplicación (de acuerdo con las "leyes económicas no escritas del mercado") no es (transitoriamente, quizás) compatible con una ley (la de convertibilidad).
- Por lo demás, no puede olvidarse que, en la mayoría de los supuestos, el agravio constitucional no surgirá de la tasa, considerada en sí misma, sino de la aplicación más o menos arbitraria de las liquidaciones efectuadas por los órganos fiscales (En tal sentido véase Grieco, Mario J., La capitalización de los intereses tributarios: un caso de anatocismo fiscal, Información Empresaria n 254, Agosto de 1993, pág. 29 y ss.). Bien se ha dicho que "la reducción de la tasa no pone en tela de juicio la constitucionalidad de la ley ni la atribución delegada a la autoridad de aplicación sino que adecua la pretensión de la incidentista a las pautas equitativas e igualitarias a fin de conjurar la desproporción de los valores" (Cám. Nac. Com., sala A, 16-4-2002, Empresa de Transportes Rabbione S.A. s/Conc. Prev., E.D. 198-90).
d) Los límites del agravio.
La A.F.I.P. se abroqueló en su posición: "son aplicables las resoluciones del Ministerio de Hacienda mientras no se las declare inconstitucionales. Nada ha argumentado seriamente en torno a la compatibilidad o no de las tasas en una visión macroeconómica del plan de convertibilidad, ni sobre la inadecuación de las tasas fijadas por el tribunal de grado a tasas razonables para los créditos fiscales en mora. Tampoco, como he expresado, se han agregado a estos autos instrumentos de los cuales esta Corte pudiese deducir esa compatibilidad ni esa inadecuación".
IV. RAZONES PARA NO APARTARSE DE LOS PRECEDENTES RESEÑADOS.
Los agravios del recurrente son por demás insuficientes para producir, con grave riesgo de la seguridad jurídica, un cambio en la jurisprudencia de esta Corte. Ninguna de las razones expuestas en el escrito de fs. 9/16 vta. debilitan o menoscaban los fundamentos del precedente antes reseñado. Explicaré por qué:
1. La sentencia de la Cámara de Apelaciones -al igual que los precedentes de esta Sala en los que se funda- responde a una regla básica de interpretación de las normas: cuando dos principios se encuentran en pugna, la regla de la "proporcionalidad" manda intentar conciliarlos y no eliminar uno en perjuicio del otro. En efecto, el núcleo central del razonamiento de los precedentes de este Cuerpo (y de la sentencia recurrida) es la necesaria adecuación de los principios jurídicos y económicos que gobiernan el concurso y el loable fin de eliminar, o al menos disminuir, la evasión fiscal. Se dice entonces que una tasa extremadamente alta como la pretendida perjudica los fines del proceso concursal pero, al mismo tiempo, fácticamente, se traduce en una disminución del crédito fiscal porque ningún patrimonio en cesación de pagos puede soportarlo.
Los agravios del ente recaudador, en cambio, silencian todo lo referente a esa compatibilización; se abroquelan en la existencia de una disposición legal que autoriza a un órgano del Poder Ejecutivo a fijar la tasa y a la justificación de esa tasa en función de su naturaleza retributiva pero también sancionatoria o punitiva a favor de toda la sociedad, pero no aportan ningún dato de cómo esa facultad, se compatibiliza no sólo con las normas jurídicas sino con los principios económicos que fundan el proceso concursal. Este déficit en la argumentación alcanzaría para rechazar los recursos deducidos.
2. No obstante, me parece conveniente seguir con la técnica habitual de esta Sala y pasar revista a cada uno de los agravios expuestos por el recurrente para verificar si alguno de ellos no encuentra respuesta en los precedentes antes reseñados. Adelanto la respuesta negativa; en efecto:
a) El argumento referido al sustento legal de la fijación unilateral de la tasa fue contestado en el punto 3.c. de la sentencia bajo el título "La declaración de inconstitucionalidad", sin que el recurrente aporte nuevos argumentos.
La excusa de que la A.F.I.P. está obligada a aplicar una tasa mientras no se declare inconstitucional la normativa en que se funda es insuficiente, pues una cosa es que el organismo recaudador efectúe las liquidaciones conforme las disposiciones administrativas y otra negar al tribunal una facultad típicamente jurisdiccional, cual es, reducir tasas que se estiman excesivas.
b) La recurrente sostiene que hay razones para que el Estado pague tasas por sus deudas consolidadas diferentes de las que exige a sus contribuyentes por deudas también consolidadas con fundamento en que la falta de pago de éstas impide cumplir el fin perseguido con la percepción de estos créditos.
La réplica es insuficiente a la argumentación sostenida por esta Sala en los precedentes reseñados. Se dijo allí que la necesidad de alcanzar los fines del Estado pueden justificar medidas excepcionales de emergencia, pero no pasa el test de constitucionalidad pretender exigir a los demás lo que el propio Estado no retribuye.
En efecto, si el Estado puede, en aras del bien común, producir una consolidación de todos sus pasivos con tasas de interés reducida (pues de otro modo no sale de la emergencia), no hay razón para no aplicar el mismo criterio cuando el deudor común, en beneficio de todos sus acreedores, recurre al procedimiento colectivo.
En este sentido, y como se sostuviera en el punto 3. a), se ha dicho que "no se justifica con relación a las obligaciones previsionales o fiscales que se apliquen tasas de interés excesivas, porque esto implica una violación de los Arts. 16 y 17 de la CN, porque no obstante la finalidad de interés público de la obligación, la misma no puede justificar la afectación de los derechos constitucionales de la propiedad y de la equidad de las cargas públicas. Estas garantías que nadie ha discutido como protección del patrimonio de los ciudadanos, respecto de las obligaciones fiscales y previsionales, debe jugar también contra los accesorios excesivos de dichas obligaciones" (Cárdenas Madariaga, Mario, Las tasas de interés, Bs. As. , ed. Ad hoc, 1994 pág. 111)".
c) Asimismo, cabe aclarar que no se discute que las condiciones del mercado han variado; pero aún hoy, reconociendo el caos económico existente en el mercado financiero (caos, que las propias autoridades estatales han creado) puede seguir afirmándose que la tasa del 7% mensual es usuraria, aunque sea la que cobran los bancos. Los fundamentos de tal aserto han sido desarrollados ampliamente en el punto 3. b), sin que los agravios del recurrente alcancen para modificarlos.
d) El argumento relativo a las pautas de interpretación económica también ha tenido amplia respuesta al analizarse el crédito fiscal en el complejo marco económico de la situación concursal (punto 3.b.). En este sentido, el recurrente no ataca un argumento fundamental de los precedentes que se vienen glosando cual es que, dada la incidencia que normalmente los créditos fiscales tienen en los concursos, en la práctica, es imposible continuar con una empresa adelante debiendo pagar una tasa superior al 7.5 % mensual.
e) También se ha expuesto que la solución de esta Corte no contradice la jurisprudencia de la Corte Federal, que no se ha pronunciado sobre la cuestión de la tasa de interés en los concursos sino, exclusivamente, en la ejecución individual.
f) Finalmente, la analogía entre un Estado en emergencia frente a los ciudadanos, y una empresa en emergencia frente a sus acreedores y sus trabajadores se mantiene no obstante las críticas; en efecto, el concurso no compromete sólo al deudor y a su familia; por el contrario, en cuanto sea viable, es necesario (hoy más que nunca en una Argentina arrodillada) conservar una fuente de trabajo.
V. CONCLUSIONES.
Por todo lo expuesto, y si mi voto es compartido por mis colegas de Sala, corresponde mantener el criterio jurisprudencial de esta Corte y rechazar el recurso deducido.
Así voto.
Sobre la misma cuestión el Dr. ROMANO adhiere por sus fundamentos al voto que antecede.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN LA DRA. AÍDA KEMELMAJER DE CARLUCCI, dijo:
Corresponde omitir pronunciamiento sobre este punto puesto que ha sido planteado para el eventual caso de resolverse afirmativamente la cuestión anterior.
Así voto.
Sobre la misma cuestión el Dr. ROMANO adhiere al voto que antecede.
A LA TERCERA CUESTIÓN LA DRA. AÍDA KEMELMAJER DE CARLUCCI, dijo:
Atento lo resuelto en las cuestiones precedentes, corresponde imponer las costas de esta instancia a la parte recurrente que resulta vencida (Arts. 36-I y 148 C.P.C.).
Así voto.
Sobre la misma cuestión el Dr. ROMANO adhiere al voto que antecede.
Con lo que terminó el acto, procediéndose a dictar la sentencia que a continuación se inserta:
S E N T E N C I A :
Mendoza, 2 de febrero de 2004
Y VISTOS:
Por el mérito que resulta del acuerdo precedente, la Sala Primera de la Excma. Suprema Corte de Justicia, fallando en definitiva,
R E S U E L V E :
I. Rechazar el recurso de Inconstitucionalidad interpuesto a fs. 9/16 vta. de autos.
II. Imponer las costas a la parte recurrente vencida.
III. Regular los honorarios profesionales de la siguiente manera: Dr. Jorge Guillermo HYNES en la suma de PESOS TRESCIENTOS SETENTA CON CUARENTA CENTAVOS ($ 370,40); Cont. Roberto Ever PIÑA en la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA ($ 150); y Dra. Silvina MARTÍNEZ GARRAZA en la suma de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON VEINTIOCHO CENTAVOS ($ 259,28) (Art. 15 Ley 3641).
Notifíquese.


Se deja constancia que la presente resolución no es suscripta por el Dr. Carlos E. MOYANO, por encontrarse en uso de licencia (Art. 88 ap. III C.P.C.). Secretaría, 2 de febrero de 2004.

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